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Las políticas de sustitución van a paso de tortuga y la erradicación se ve como el ‘coco’ en las regiones. ¿Cómo librar una lucha contra las drogas cuanto se tiene todo en contra?.
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El Espectador
La propuesta fue radicada por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, este martes en el Congreso.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes en el Congreso el proyecto de ley para reformar la política criminal y carcelaria del país. Así, la propuesta de esta cartera espera, entre otras cosas, “mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones”.
Durante la radicación del proyecto, que en su formulación contó con el apoyo del Consejo Superior de Política Criminal (conformado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría), Gil enfatizó en el hecho de que busca “construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente”.
Sobre la propuesta de reforma, el ministro dijo en días pasados que “este proyecto es importante porque le da una coherencia y una sistematización a la fragmentación que existe en esas dos materias. Con ello buscamos recuperar la política criminal y la política carcelaria”.
Así, la reforma tendría como eje: una revisión del Código Penal para “tomar decisiones sobre descriminalización de algunas conductas”, alternativas a prisión para delitos menores, modificación del régimen de permisos penitenciarios, “el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres” y la “territorialización de la política penitenciaria”, refiriéndose a la construcción de más cárceles para que “personas en condición de sindicadas no pierdan su arraigo territorial”.
En cuanto al sistema carcelario de Colombia, que desde hace tiempo ha generado críticas, este proyecto de ley buscará atender tres asuntos: la reinserción “paulatina de las personas privadas de la libertad a la sociedad”, la reducción del hacinamiento y la protección de los derechos a la salud y al trabajo de quienes se encuentran en las cárceles.
Los cambios que tendrá el Código Penal se refieren a dos cosas: laincorporación de algunos delitos y la despenalización y descriminalización de otros. Algunos de los delitos que se incorporaran son la incorporación de delitos son: el tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras, fraude en el registro de víctimas, entre otros.
A la vez que despenaliza otros, como es el caso de violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Las conductas que busca descriminalizar son: inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria.
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El ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, explica por qué han crecido los cultivos ilícitos a niveles históricos, y qué está haciendo el gobierno para reducirlos.
Tal como se anticipaba, la cifra de crecimiento de plantaciones de coca en Colombia resultó apabullante: de 96.000 hectáreas en 2015 pasó a 146.000 en 2016. Una variación del 52 por ciento que pone al país en el centro de una lluvia de cuestionamientos, los más severos provenientes de Washington. El estudio que anualmente hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), a cargo de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, revela también que en la región central se halla el principal foco de crecimiento, con un incremento del 147 por ciento, pasando de 16.400 hectáreas a 40.500.
Para enfrentar el problema el gobierno tiene un plan de zanahoria y garrote para restar 100.000 hectáreas. De un lado, en un año el vicepresidente Óscar Naranjo, en asocio con el Ministerio de Defensa, deberá adelantar la erradicación manual de 50.000. Naranjo asegura que en el primer semestre del año en curso ya han erradicado 20.243 hectáreas. Por otra parte, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, deberá sustituir otras 50.000 hectáreas por medio de un nuevo plan que explicó a SEMANA.
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SEMANA: ¿Qué explicación hay para la trepada histórica de las hectáreas de coca?
RAFAEL PARDO: El principal factor es la devaluación del peso frente al dólar (de 2.800 pesos por dólar hasta 2015, pasamos a 3.000 pesos). Eso mejoró el negocio para el campesino, el intermediario y distribuidor, como ocurriría con cualquier exportación. En el gobierno estamos convencidos de que también incidió lo que se acordó en el proceso de paz, que estimuló a muchos a sembrar porque sabían que vendría un programa. Este solo se concretó a finales de enero pasado, pero se viene hablando de la iniciativa desde hace dos años. Otro elemento es el aumento del consumo de coca en Estados Unidos.
SEMANA: La lucha contra las drogas es una historia de fracasos. ¿Por qué pensar que esta vez cambiará?
R.P.: Primero, porque ahora las Farc están de este lado y no del otro. Segundo, porque tenemos condiciones de seguridad que permiten mucho mayor control territorial. Tercero, porque la nueva estrategia es un proceso de participación a nivel de núcleo de productores, es decir, no es un plan contra los productores sino con ellos, que toman los elementos transformadores para cambiar su modelo de subsistencia.
SEMANA: A pesar de que haya más consumo en Estados Unidos se sigue mirando hacia el primer eslabón, la producción. ¿Qué tanta incidencia tiene la presión internacional en los planes del gobierno?
R.P.: Quienes han revisado el programa seriamente le dan una ventana de oportunidad muy grande, piensan que funcionará y nosotros también. Estamos buscando corregir los problemas. Por supuesto, hay personas que dicen que no va a funcionar, como todo. Decían que las Farc no se desarmarían y vemos que entregaron sus fusiles. Esta estrategia no tiene un modelo similar comparable, es una apuesta inédita producto de estudiar muchas experiencias propias y foráneas.
SEMANA: Usted tiene a cargo el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ¿en qué consiste?
R.P.: El gobierno pretende erradicar 50.000 hectáreas y reducir en un año los cultivos en otras 50.000 vía sustitución. El 80 por ciento de la coca está en cerca de 45 municipios. El 40 por ciento está en solo 11 de estos. Hacia allá apuntamos. El plan requiere que cada vereda, es decir, entre 50 y 100 familias, acepte participar. Ya tenemos 40 acuerdos colectivos en 13 departamentos, que acogen a 85.000 familias que estiman producir cerca de 75.000 hectáreas de coca. Los partícipes se comprometen a tumbar la coca, a no resembrar y reciben un millón de pesos mensuales por un año, asistencia técnica para otro tipo de cultivo, y, por una vez, 19 millones de pesos en dos años para poder sembrar otra cosa.
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SEMANA: ¿Cómo pueden estar seguros que no habrá resiembra?
R.P.: Queremos que el monitoreo anual Simci se haga desde ahora cada dos meses. Contamos además con un sistema propio aerofotográfico que opera la Policía, y que puede hacerse en zonas específicas cada 15 días o un mes para determinar posibilidades de resiembra. También se hará control territorial. El Ejército que estaba en combate permanentemente tiene ahora misión de controlar unas zonas; la Policía, por su parte deberá vigilar temas de legalidad, las nuevas condiciones de seguridad permiten mucho más control en ese sentido. Además, las Farc están completamente comprometidas.
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A pesar de que los homicidios han disminuido durante la última década en relación con el desescalamiento del conflicto, la cartografía de 2016 muestra una mutación de la violencia en el país.
Desde que se iniciaron los primeros procesos de desmovilización de paramilitares en 2007, la cantidad de homicidios en Colombia ha disminuido significativamente. A su vez, el desescalamiento del conflicto producto de las negociaciones de paz con las Farc también acompañó la curva de reducción de crímenes letales que cerró en 11.585 casos registrados en 2016.
Así, entre 2007 y 2016, la tasa de mortalidad violenta en Colombia pasó de 37,15 personas por cada 100.000 habitantes a 23,66, lo que supuso una reducción de más de 10 puntos porcentuales en una década, de acuerdo con los resultados del último censo del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. (Ver el informe)
En particular, las muertes ligadas con el conflicto armado o con acciones militares bajaron de 1.148 casos en 2007 a 196 en 2016, lo que representó una disminución de 82 por ciento.
Esto fue lo que llevó al director del instituto forense, Carlos Valdés, a concluir en el informe Forensis de 2016 que «esta reducción coincide con al menos dos procesos exitosos de negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla de las Farc- EP y las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy devenidas como bacrim».
Sin embargo, cuando se observan las cifras más recientes, puede notarse que la reducción de homicidios entre este año y el anterior en que se implementó el acuerdo con la guerrilla ha sido mínima -11.585 en 2015 contra 11.532 en 2016- y más bien correspondió con un traslado de los factores de violencia.
De acuerdo con el nuevo mapa de violencia del país evidenciado en el documento de Medicina Legal, la disminución de los fallecimientos de campesinos -tradicionalmente una de las poblaciones más afectadas por el conflicto- correspondió con el aumento de hechos de violencia interpersonal en centros urbanos y con el crecimiento de los asesinatos de consumidores de sustancias psicoactivas (618 en 2016).
En ese mismo sentido, el asesinato de 127 líderes sociales y activistas en 2016, en gran medida en zonas en las que se desmovilizaron las guerrillas (en el Valle del Cauca por ejemplo) visibilizó a la vez el incremento de los homicidios selectivos que han sido registrados desde 2014 por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC en inglés), así como la voluntad de las bandas criminales de establecerse «como una red de franquicias, sobre todo de delincuencia urbana, flexible y mutante» que se enfrentan por el control de las actividades territoriales en sus territorios de predilección, según el documento.
La falta de información sobre los autores de homicidios (desconocidos en 71,78 por ciento de los casos) y la confusión entre las determinaciones de asesinatos por motivos políticos o por actos propios de la delincuencia común -dice el texto- han mantenido cierto velo de opacidad sobre el fenómeno de la transformación del crimen colombiano.
Si el índice de muertes violentas, entre las que se incluyen homicidios, suicidios y muertes accidentales de transporte entre otras, se ha mantenido relativamente estable, es también porque han aumentado los fallecimientos ligados a otros fenómenos que inquietan al director del Instituto de Medicina Legal: tanto los suicidios como los accidentes de tránsito han incrementado ostensiblemente sus indicadores.
En cuanto a los suicidios, se pasó de de 2.068 casos registrados en 2015 a 2.310 casos en 2016, 3.000 casos más concentrados en el centro de Colombia (29 por ciento) y en el eje cafetero (24 por ciento). De estos, 29 por ciento fueron ligados con enfermedades físicas o mentales, mientras que la segunda tasa correspondió a casos relacionados con conflictos con la pareja o la expareja (25,91 por ciento)en donde los hombres son afectados casi cuatro veces más que las mujeres en cantidad absoluta.
Las muertes en accidentes de tránsito también han aumentado de 6.884 situaciones inscritas en 2015 a 7.280 en 2016. Según el informe médico-legal, los incidentes letales estarían relacionados en 51 por ciento de las veces con motocicletas y en 36 por ciento con peatones. En cuestión de horarios, los accidentes no letales se concentran antes de las seis de la tarde, mientras que los mortales suelen ocurrir más tarde en la noche.
En total, casi un tercio de las agresiones registradas se siguen dando en el marco familiar, en la vivienda o en presencia de amigos cercanos, según se desprende del documento. Lo que ha mantenido cierta estabilidad con una ligera baja medida en 2016 con respecto a 2015.
En el último año se conocieron 14.738 casos de violencia intrafamiliar -de los cuáles 64,73 por ciento corresponden a mujeres- 10.082 agresiones a niños -contra 10.435 en 2015- y 50.707 hechos de violencia de pareja denunciados, los cuáles se han incrementado fuertemente en comparación con los 47.428 del año anterior.
Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo las principales víctimas de estos delitos, (las mujeres son 86 por ciento de las víctimas de violencia de pareja entre cuyas causas se identifican principalmente al machismo y a la intolerancia). Sin embargo, advirtió Carlos Valdés, existe un subregistro preocupante sobre el tema debido a la falta de denuncia por parte de los afectados que conviven cotidianamente con su agresor.
Igualmente, el delito sexual parece haberse mantenido, ya que se practicaron 21.399 exámenes médicos por este motivo en 2016 contra 22.155 en 2015, siendo un fenómeno que sigue ocurriendo principalmente en el hogar.
Finalmente, la desaparición forzada es de los delitos que más ha disminuído en el país, si se considera el hecho de que se registraron 136 casos en 2016 (el número más bajo desde 1983), los cuales vienen sin embargo a añadirse a las 84.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
http://www.semana.com/nacion/articulo/mapa-de-la-violencia-en-colombia-segun-medicina-legal/532133
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Aunque este año la meta es erradicar 50.000 hectáreas de coca y sustituir otras 50.000, el camino para que eso ocurra sigue lleno de espinas. ¿Por qué?
Cerca de 75.924 familias se subieron al bus de la sustitución. En 13 departamentos del país, los cultivos lícitos comenzaron a competirle a la coca, después de que el Gobierno firmó 29 acuerdos colectivos que atacan el alto índice de áreas sembradas. Mientras algunos hablan de 150.000 hectáreas, los más pesimistas elevaron la cifra a 200.000.
«El Gobierno reconoce que tenemos un problema al frente. Hay que visibilizarlo y actuar con toda contundencia y, por lo tanto, no vamos a pelear con las cifras, vamos a enfrentar a los narcotraficantes», dijo el vicepresidente Óscar Naranjo, días antes de que se conozcan los datos actualizados que tienen las Naciones Unidas sobre la problemática.
Aunque desde hace unos años Colombia no fumiga intensamente sus cultivos desde el aire, en enero oficialmente se pusieron en marcha dos estrategia que -en tiempo récord- buscan reducir significantemente los números que alertan a la comunidad internacional: erradicar 50.000 hectáreas de coca y sustituir otras 50.000 tal y como se pactó en La Habana. Es decir, acabar con 100.000 en 2017.
Con las Farc desarmadas y todo el paquete de leyes y reformas que se pactó en Cuba andando, muchos ven el objetivo loable. Sin embargo, hay minas en el camino que amenazan con robustecer el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. Aunque es muy pronto para pasar al tablero a los abanderados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para la Fundación Ideas para la Paz es primordial identificar qué está fallando y evitar que se repita la historia de un fracaso, en la lucha contra las drogas.
«Si el PNIS no funciona, el costo será muy alto no solo en recursos económicos sino en la relación del Estado con las comunidades que han sido afectadas por la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados organizados. Por esta razón, es importante que el programa esté abierto a la crítica constructiva, a la reflexión colectiva y al diálogo permanente con distintos actores», advierte el informe.
Hay cinco puntos claves que deben concentrar la mirada del Gobierno: la sostenibilidad fiscal de la intervención, la provisión de bienes públicos, la protección de las comunidades, la articulación institucional y los esfuerzos para evitar la formación de clientelas e instrumentalización de la oferta con fines políticos. Este último, por cuenta de la agitada jornada electoral que se comienza a sentir.
Frente al programa de sustitución como tal, que contempla una serie de desembolsos económicos a las familias, se plantea que «los subsidios temporales o asistenciales no corrigen los problemas estructurales del campo» y pueden «generar incentivos perversos como la expansión del área» sembrada. Una de las causas que refieren los especialistas para explicar por qué la siembra de coca se disparó.
Incluso, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, prendió hace unos meses el debate en Colombia cuando dijo que el país cometió un error al diseñar en el acuerdo de paz incentivos para la sustitución ya que esto llevó al incremento de las siembras. En respuesta, voceros del Gobierno dijeron que «atribuir el crecimiento de los cultivos al acuerdo es desconocer que lo que se pactó es la primera oportunidad que se abre para salir de ese flagelo».
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Para cubrir el dinero acordado que se le entrega a cada familia, el Ejecutivo necesitará aproximadamente 2,5 billones de pesos. Un monto que no incluye los costos de transacción, la gestión operativa, las medidas pactadas en el punto de Reforma Rural Integral y, adicionalmente, esta cifra solo incluye el primer paquete de personas que se acogen al plan. Falta ver, este viernes, qué cifras entrega Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que permitirán dimensionar el promedio de familias y el costo total que tiene para el país desterrar la coca de la economía ilegal.
Teniendo en cuenta que no es factible renunciar a ese estímulo que se prometió, la Fundación Ideas para la paz hace un llamado para que la intervención que viene haciendo el Estado se concentre en los bienes públicos. A su juicio, hay que «delimitar la frontera agrícola y ordenar el territorio, teniendo en cuenta que algunas zonas se encuentran muy alejadas y es difícil que los proyectos agrícolas puedan ser rentables».
No se pueden repetir los errores del pasado y la desarticulación no puede ser una regla. Actualmente existen al menos seis instancias con competencias relacionadas con el tema de cultivos ilícitos: los Ministerios de Defensa y Justicia; la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y la Vicepresidencia. Además, el PNIS y la Agencia de Renovación Territorial. Ante toda esta arquitectura dispersa se propone crear una Agencia Nacional de Drogas que asuma «la duplicidad de funciones».
«El reto, finalmente, consiste en lograr romper el divorcio entre las estrategias de seguridad y el desarrollo, poniendo en el centro a las comunidades –y su bienestar como fin último– y la urgente necesidad de restablecer su vínculo con el Estado», advierte la organización.
Como la estrategia de erradicar a la brava no ha caído nada bien, es necesario dejar las reglas claras de cuándo interviene cada uno. Briceño, Arauquita, Mercaderes, Argelia, San José del Guaviare, Barbacoas y Tumaco son un ejemplo de los conflictos sociales que se han acentuado por cuenta de la intervención asimétrica.
Allí los choques de civiles con miembros de la fuerza pública han dejado varios lesionados e incluso muertos. Pero el malestar tiene una razón. En el acuerdo quedó plasmado que la erradicación forzada sería la última herramienta para los pequeños cultivadores. Por eso, muchos se han levantado alegando que la erradicación forzada en algunas zonas ha sido la puerta de entrada e insistentemente desde varios sectores sociales se ha pedido que se suspenda esa estrategia hasta que exista una forma de comprobar que no hay condiciones para una negociación o que las familias están incumpliendo los compromisos.
Puede ver: Erradicación forzada, ¿peor el remedio que la enfermedad?
Como parte de ese plan, es clave que apenas comience la nueva legislatura en el Congreso se tramite vía fast track el proyecto -que el Gobierno concertó con la Fiscalía- sobre el tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores. Esto significa que el país en transición debe reaccionar de manera distinta ante los fenómenos del consumo, el problema de los cultivos de uso ilícito y la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.
En ese contexto fue que el Gobierno se comprometió a perdonar judicialmente a pequeños agricultores que se acojan a los planes de sustitución. Una fórmula para neutralizar una de las causas que nutre el conflicto y la una de las tantas estrategias que se idearon para activar la economía territorial. Sin embargo, la propuesta ahora se encuentra con una situación que tendrá que ser zanjada. Debido a las dificultades de vender la coca, muchos cultivadores habrían aumentado su participación en la fase de transformación del alcaloide y ese es un delito que no se contempla en el tratamiento diferencial (el procesamiento).
En cintura
Las Farc históricamente han sido la columna vertebral de los cultivos de coca en el país. De ahí que tener a esa guerrilla del lado de la erradicación es algo nuevo y representa la mayor oportunidad con la que se encuentra el Estado no solo para llegar a los territorios, sino para desterrarla definitivamente. Pero esas ventajas no representan una ganancia del todo. ¿La razón?, la guerrilla representa un porcentaje menor y es necesario definir claramente su papel en la implementación del PNIS.
El escenario es que sin su participación se puede generar un déficit de legitimidad que puede inferir en el interés o no de las comunidades; y por el otro, el acceso a los beneficios del programa y la intermediación de la guerrilla podría convertirse en un vehículo para que las Farc consoliden su base de apoyo. Incluso, llama la atención de la FIP que en algunas regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo es común que las comunidades se refieran a “los programas de las Farc”.
Pero esos no son los únicos temas que preocupan. También es necesario, de acuerdo con el informe, asegurar que los espacios de participación que surjan correspondan a las necesidades de la comunidad. Cerca de 7.000 cultivadores, organizados por veredas y municipios, crearon entre el 27 y el 28 de enero la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). La advertencia es que si bien en algunos territorios estas colectividades tienen un papel muy positivo, en otras zonas se corre el riesgo de que «generen estructuras que favorezcan el clientelismo y la corrupción».
El conflicto que está vivo es el otro nudo gordiano. Los incentivos para seguir cultivando son altos en la medida que las bacrim, el ELN y las disidencias se están moviendo a sus anchas. Por ejemplo, en Guaviare, la disidencia de las Farc secuestró un funcionario de la ONU; en el Cauca, el ELN estaría cobrando gramaje y peaje por el uso de rutas hacia López de Micay; en el Catatumbo, el ELN y el EPL reorganizaron el negocio y en Putumayo, la ‘Constru‘ fortalece su presencia en zonas rurales «con la intensión de tomar control de la producción de cocaína en este territorio».
Aunque la experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ha dejado tragos amargos, la nueva fórmula del Gobierno apenas empieza a madurar. Se sabe que las fórmulas viejas no sirven, pero el camino que se sigue por cuenta del acuerdo de paz se construye sobre la marcha. Los cocaleros de un lado, el Gobierno del otro y la comunidad internacional pendiente de las movidas que hace el país para conseguir que las siembras de coca caigan. En juego no solo está la oportunidad de arrebatarle a la economía ilegal los productos que la mantienen viva, sino también los caminos a la intervención de los territorios, su transformación y desarrollo.
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 