Encuestas | Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos

Encuesta : Encuesta Anónima sobre Políticas de Drogas

Destinada a : Dirandro (Dirección Antidrogas) – Policía Nacional del Perú

Fecha : Viernes 15 de febrero de 2013

Muestra : 42 oficiales y sub oficiales especializados de la mencionada dependencia.

Si bien la mayoría de efectivos encuestados de la Dirandro (57%) califica la política de interdicción en nuestro país como “regular” (término medio entre “deficiente” y “buena”), una abrumadora mayoría también considera que en nuestro país no se está derrotando al tráfico ilícito de drogas (95%). En otras palabras, los mismos efectivos del control antinarcóticos tienen una visión pesimista acerca del control del narcotráfico en el Perú, no por razones de su inefectividad como personal, sino más bien porque los lineamientos de política estratégica antidrogas del Perú no son los más adecuados[1]. La idea generalizada del erróneo enfoque de lucha contra las drogas y de la poca efectividad en sus resultados ya no solo pertenece al ámbito académico y al de algunas de las altas esferas políticas que manejan sus instrumentos de monitoreo disponibles[2], sino también ya se encuentra en la cosmovisión de los encargados directos de su control (los mismos operadores).

Gráfico 1. Calificación de la política de interdicción en el Perú.

Una abrumadora mayoría considera que el principal actor responsable de evitar el consumo de drogas en el Perú son los padres de familia (95%). En ese sentido, otros actores, tales como el maestro, el doctor, los amigos y la policía, son relegados a un segundo lugar, confirmando que el núcleo familiar es el principal responsable de velar por el no consumo de sustancias tanto ilícitas como permitidas por ley. En ese sentido, ¿resulta apropiado criminalizar en la calle lo que no se resuelve en casa?
En el imaginario de los efectivos antidrogas del Perú, el consumo de drogas sí debe ser considerado como una actividad ilícita (74%). La principal razón de esta afirmación es que el consumo de drogas trae una fuerte carga de problemas socioeconómicos tanto para el individuo que consume sustancias psicoactivas como para la sociedad donde se encuentra. Contrario a lo que se esperaba, solo un 26% señala que no debe considerarse el consumo de drogas como una actividad ilícita. Entre las justificaciones, toma relevancia el hecho de que el consumo es, básicamente, un tema de salud pública. En ese sentido, ¿resulta adecuado el uso de instrumentos punitivos para resolver asuntos relacionados a la salud de individuos? Aparentemente, de acuerdo a los oficiales encuestados, al hacer el consumo de sustancias ilícitas un acto ilícito, se previene y disuade a la población en su conjunto, pero, ¿este elemento es suficiente para la prevención del consumo y sus efectos negativos asociados? Aparentemente no. Cabe resaltar también el bajo nivel de reflexión sobre este punto, pues no se cuestionan otros aspectos de carácter más trascendente sobre el problema del uso, el abuso, y las posibles consecuencias jurídico/normativas.

Gráfico 2. Licitud o ilicitud del consumo de drogas.

La mayoría de encuestados (38%) señala que el consumo de drogas se debe reglamentar. Sin embargo, un 23.8% señala que se deben aumentar las penas por consumo. De lo precedente puede concluirse que, si bien la mayoría de encuestados aboga por una mejor reglamentación normativa respecto al consumo de sustancias psicoactivas, aún existe un grupo mediano (que no conforma mayoría) de efectivos que abogan por el incremento de penas y sanciones para los consumidores. Esta situación refleja la negativa de ciertos efectivos policiales en reconocer que el consumo no es el problema central del tráfico ilícito de drogas. De este grupo minoritario es que podrían resultar aquellas prácticas generalizadas arbitrarias relativas a la detención de usuarios recreativos de drogas en Lima (de acuerdo a cifras disponibles, entre enero y setiembre del 2012, la PNP detuvo a 6,288 personas por consumo de drogas. Es decir que el 63% de las intervenciones policiales dirigidas a la lucha contra el narcotráfico están dirigidas a los usuarios de drogas)[3].

Gráfico 3. Sobre si las políticas de drogas en Latinoamérica son eficientes o no.

Sin embargo, en un panorama general, casi la totalidad de encuestados (95%) señala que en el Perú no se está derrotando al narcotráfico. El mismo porcentaje señala que las políticas para combatir dicho fenómeno en Latinoamérica no son eficientes. De lo precedente se concluye que existe una idea generalizada en la cosmovisión de los efectivos policiales, encargados de la lucha contra las drogas en el Perú, relativa a que los lineamientos de política contra las drogas implantado desde el ámbito político a nivel nacional (a través de legislación interna) y a nivel internacional (a través de compromisos internacionales y declaraciones conjuntas) no producen resultados efectivos. Entonces, queda en evidencia un conjunto de superficialidades, desconocimientos y contradicciones profundas entre el deber policial y el reconocimiento de que se está yendo por un camino equivocado y sin producción de resultados concretos. Esto representa, obviamente, una pérdida de tiempo y de valiosos recursos que podrían ser reorientados a prácticas más coherentes e integrales.

Gráfico 4. Sobre si se está derrotando o no al tráfico ilícito de drogas en el Perú

[1] Esto se infiere del hecho que los operadores antidrogas encuestados señalan que a) la interdicción es regular (57%), en vez de buena (24%), b) el narcotráfico en el Perú no se está derrotando (95%) y c) las políticas antidrogas en América Latina no son eficientes (95%).

[2] Informes JIFE, CICAD, World Drug Report, INCSR (Departamento de Estado), etc.

[3] Fuente: Dirandro.