La violencia en Latinoamérica: ¿una epidemia peor que el ébola o el sida?

Fuente: El País

Fecha: 6 de noviembre del 2014

Un epidemiólogo explica por qué las altas tasas de homicidio de la región se deben tratar como un problema de salud

Presos de la prisión de Ciudad Barrios. Fuente: El País

La violencia es una epidemia y hay formas de tratarla —y posiblemente erradicarla— de la misma manera en la que se tratan o han tratado otras enfermedades epidémicas.Tal afirmación puede sonar revolucionaria, pero el desafío está en proponer soluciones al problema de la violencia en América Latina, una región con la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo: más de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Andrés Villaveces es médico especializado en epidemiología y, junto a otros expertos del Banco Mundial, participa en Guatemala en una conferencia que reúne a más de 450 delegados de América Latina y otros lugares del mundo para tratar de lanzar un esfuerzo continental que ayude a proteger, en especial, a las principales víctimas y victimarios de esta epidemia: los jóvenes.

Pregunta. Tenemos 9% de la población y el 30% de los homicidios del mundo, ¿estamos ante una epidemia de violencia en América Latina?

Respuesta. Sí. De acuerdo a la definición de epidemia que tiene la Organización Mundial de la Salud, una tasa por encima de 10%, en el caso de la violencia, es epidémica. Y la mayoría de los países en América Latina tienen tasas muy superiores a eso. Entonces sí, es una epidemia.

P. Actualmente la epidemia que acapara los titulares es la de ébola en África. Y hemos visto que hay protocolos muy claros para hacerle frente a una epidemia de ese tipo. ¿Existen también protocolos para la epidemia de violencia?

R. Indudablemente, y las estrategias para estudiar la violencia, para entenderla, y los métodos para tratar de evaluarla y explicar qué sirve o no sirve son muy similares a los que se utilizan para entender otras epidemias. Obviamente, la diferencia de las intervenciones es diferente, pero hay una cantidad de posibles respuestas, de acciones, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel comunitario, o a nivel municipal, sub-nacional o nacional, que se pueden implementar y que todas son complementarias.

P. ¿Quién o quiénes son responsables de hacer llevar a cabo esas acciones?

R. Por ejemplo, a nivel nacional uno puede hablar de la aprobación de una ley que restrinja la portación de armas o el acceso a armas de fuego. En América Latina tenemos ejemplos efectivos en los que la restricción resulta en una reducción de homicidios. Igual ocurre con el alcohol. La restricción del alcohol es aún más efectiva en reducir homicidios: hasta 25% menos asesinatos con una reducción de un par de horas de acceso al alcohol en algunas ciudades. A nivel institucional hay respuestas que podemos trabajar en el sentido de producción, diseminación y recolección de información que sea más confiable, que nos demuestre muy claramente cómo se distribuye la violencia y a qué poblaciones afecta.

Podemos trabajar, por ejemplo, para crear ambientes más pro-sociales en el seno de la familia, evitar problemas como la violencia doméstica o de abuso infantil. Tenemos actividades a nivel escolar, donde podemos crear un ambiente que sea más productivo y creativo. Entonces, tenemos estrategias e intervenciones que podemos hacer a múltiples niveles que nos pueden dar beneficios también a múltiples niveles. Todas son complementarias y deseables, especialmente en ambientes en los que puede haber violencia.

Para continuar leyendo dar click aquí

Entrevista al CIDDH: La situación de las drogas en América Latina

Parte 1:

Parte 2:

(En construcción)

Parte 3:

Parte 4:

Afirman que en los últimos años se registró una feminización de los delitos de TID

Fecha: 20 de setiembre de 2012

Fuente: Ideeleradio

Así lo sostuvo el coordinador del Aérea de Políticas Legales y Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).

En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que están recluidas por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas (TID), informó Jérôme Mangelinck, coordinador del Aérea de Políticas Legales y Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).

“Lo que hemos observado es que en los últimos años hay una feminización de los delitos de drogas. Es decir, de toda la población carcelaria hay un 25% más o menos que está por tráfico ilícito de drogas, pero de este 25%, un 80% de mujeres están [detenidas] por tráfico ilícito de drogase. Esta es una cifra sumamente importante para nosotros, es por esa razón por la que hemos venido apoyando a estas mujeres”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si bien [estas mujeres] son los últimos eslabones de la cadena de tráfico ilícito de drogas, son personas que están siendo sentenciadas con penas sumamente altas y a veces sin acceso a beneficios penitenciarios. Es decir, ahí vemos también una desproporcionalidad en cuanto a sus penas, frente a su participación en la cadena del tráfico ilícito de drogas; entonces, nosotros quisiéramos corregir un poco las sentencias que se les aplica con un enfoque de género más bien”, anotó.

El investigador sostuvo que es muy difícil que un juez otorgue, pese a esta situación, una medida cautelar como la prisión preventiva para el caso de las mujeres, debido al temor de los magistrados a que se les abra investigación en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

“Es muy difícil revertir los mandatos de detención ordenados por los jueces, debido al temor de estos a ser luego investigados por la OCMA”, subrayó.

La mayoría son mujeres de bajos recursos

En otro momento, señaló que la mayoría de las acusadas por el delito de tráfico ilícito de drogas son mujeres de bajos recursos, provincianas y de bajo nivel educativo. Indicó que se deben hacer cambios en algunas prácticas irregulares que incurre la Policía Nacional al hacer sus investigaciones.

“En general, son mujeres de bajos recursos económicos, de provincia, con un nivel de educación bajo; la mayoría son peruanas, no todas son extranjeras. Hemos visto que la mayoría de las mujeres han tenido un grado de participación mínimo en los delitos por drogas; si bien hay un pequeño porcentaje que está por microcomercialización, la mayoría está dentro de lo que se llama tráfico ilícito de drogas y sus formas agravadas”, consideró.

“Lo que hemos podido observar en los casos que hemos llevado es que a nivel prejudicial, es decir, al momento de la investigación policial, es que hay una mala práctica de querer meter a todo el mundo en el mismo caso. Otro problema es que se hacen muchísimas intervenciones sin presencia del fiscal o sin presencia de un abogado, desde el momento de la intervención las personas salen perjudicadas porque ya no tienen acceso a una defensa adecuada desde el momento de su detención”, aseveró.

Hay muchas mujeres gestantes

Finalmente, explicó que existe una gran cantidad de mujeres con detención preventiva que están gestando, que tienen niños menores de tres años, con problemas de salud graves o que son adultos mayores. Asimismo, mencionó que con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal se reduce la vulnerabilidad de una persona al ser detenida.

“Hay una gran cantidad de personas que al estar en detención preventiva ponen en riesgo su salud o la de terceros, es decir sus niños. La cárcel tal y como está no es el lugar idóneo para mujeres gestantes, con niños menores de tres años o adultos mayores”, declaró.

“Ahí el tiempo entre la detención policial y la actuación del fiscal es de cuatro horas. Además, con los juicios orales el plazo de la detención preventiva también se reduce. Ojalá tenga una incidencia sobre el tiempo de la detención preventiva aquí en Lima, pero según entendido falta unos cuantos años para que se aplique aquí en Lima “, añadió.

Informó, finalmente, que a seis años aproximadamente son condenadas las denominadas burriers, entre 8 y 12 años para las mochileras o traqueteras, y entre 12 hasta 25 cuando transporten más de 10 kilos de droga o la ingresen a un penal.