Odisea de una burrier en el Perú

Fecha: 22 de mayo de 2014

Por: Katya Pinedo y Jérôme Mangelinckx

Fuente: Ajuaa.com.

La realidad de los y las burriers detenidos en el Perú es muy dura. Si bien algunos deciden transportar drogas por razones económicas, otros han sido utilizados y/o amenazados. Los burriers son actores fácilmente intercambiables y representan los últimos eslabones de la cadena del  tráfico de drogas; por ende, su detención no afecta la dinámica del tráfico. Sí tiene un impacto sobre la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y los costos asociados a su internamiento.

La privación de la libertad no es el único castigo que sufren los internos extranjeros en los penales del Perú. Muchos no hablan el idioma español, no tienen contacto o apoyo de sus familias y embajadas y, sobre todo, desconocen el sistema penal peruano, que dependiendo del lugar es o no reformado. Éste prevé penas muy severas para las personas involucradas en delitos de drogas, sin distinción ni guardando proporcionalidad; sin embargo, en la experiencia del Consultorio Jurídico del Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), observamos que la gran mayoría de personas detenidas por tráfico ilícito de drogas no son grandes criminales y, según el INPE, no tienden a reincidir.

Nuestro Consultorio Jurídico brinda apoyo legal a mujeres detenidas por delitos de drogas ya que 6 de cada 10 mujeres internadas lo están por este tipo de delito. Noelia, de 28 años, es una de ellas. Esta colombiana fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez con un kilo de cocaína en cápsulas que había ingerido. Fue sentenciada a una pena de 7 años e internada en el penal de Ancón II, en las afueras de la capital. Solicitó el apoyo legal del CIDDH en defensa de su beneficio penitenciario ante un Juzgado Penal del Callao.

Su audiencia fue reprogramada en varias oportunidades por un tema económico, el pago de la reparación civil que no podía efectuar ella mientras estuviera presa. En efecto, en el juzgado nos informaron que el pago de la reparación civil que había abonado mientras estaba en el penal era mínimo, por lo cual se suspendió la audiencia en varias oportunidades y para que pudiera tratar de una mayor cantidad de dinero. Recordemos que muchos burriers decidieron transportar drogas debido a la situación económica precaria en la cual se encontraban. Por lo tanto, el pago de la reparación civil representa una carga adicional para estas personas que tienen como único y escaso ingreso los talleres en los penales. Finalmente, se pudo pagar parte de la reparación civil con el apoyo de su futura empleadora (quien le brinda un hogar también) y el CIDDH.

Finalmente, el 15 de mayo del presente año, luego de 42 meses de prisión efectiva, le otorgaron su libertad a Noelia gracias al apoyo del Consultorio Jurídico del CIDDH. Cabe precisar que tuvo opinión favorable del Fiscal, el cual no apeló la decisión. Salió en libertad dos días después.

Sin embargo, su odisea no acaba aquí. Todavía tendrá que quedarse en el Perú hasta cumplir su sentencia de 7 años y pagar la totalidad de su reparación civil. Noelia tuvo la suerte de ser acogida por una persona – una religiosa que trabaja en los penales – y quien la dará un trabajo y un hogar. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las personas que no tienen esta suerte? Muchos quedan abandonados a su suerte sin documentos y sin posibilidad de encontrar un trabajo formal. Así muchos ex burriers se refieren a la etapa post-penitenciaria como a un castigo suplementario, una suerte de secuestro, ya que no pueden tramitar su regreso a su país. Esta problemática es clave para el CIDDH que se encuentra acualmente coordinando acciones con el Ministerio de Justicia a fin de encontrar un mecanismo distinto que agilice la salida del país para extranjeros que cumplen una pena privativa de la libertad.

Es necesario, no solo por una cuestión de costo-beneficio sino también humanitaria, encontrar formas alternativas para luchar contra el tráfico de drogas ya que los castigos severos no previenen ni disuaden la comisión de un delito y apuntan a los eslabones más débiles de la cadena. Llenar las cárceles de personas acusadas de tráfico de drogas no ha frenado su crecimiento; solo ha contribuido a generar otras problemáticas a nivel social y económico. Es tiempo de cambiar de estrategia.

El consumo de drogas y su criminalización en Perú

Fecha: 11 de noviembre de 2013

En Perú no está penalizada la  posesión de pequeñas cantidades de drogas para el consumo, y las cantidades previstas en la Ley son bastante altas. Pero si bien la teoría suena bonita, existe un gran vacío con la práctica. La policía sigue persiguiendo a los consumidores de drogas en una forma desmedida respecto al verdadero delito, llámese el tráfico grande, el crimen organizado, el tráfico de insumos químicos y el lavado de activos.

De existir una brecha tan grande entre la teoría y la práctica, es preciso preguntarse quién opera en la ilegalidad. En este sentido, las intervenciones y detenciones de consumidores son arbitrarias y hasta ilegales. Entonces, ¿qué justifica este alto número de detenciones? Existe en la sociedad una cultura de corrupción de la cual no es fácil desprenderse y que impregna todos los niveles de la administración de justicia. A esta mala praxis muy recurrente a nivel de Comisarías, es necesario precisar que, hoy día, la Policía ya no investiga antes de proceder a una detención sino todo lo contrario – detiene para investigar.

En el caso de usuarios de drogas, se trata de detenerlos para perseguir un doble objetivo: 1) incurrir en actos de corrupción y/o 2) investigar a los usuarios para que delaten a los micro comercializadores.  Esto significa una vulneración flagrante a los derechos individuales de estas personas ya que no están obligadas a dar información o delatar a quienes les vendieron.

La práctica nos demuestra que detener a los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico no afecta en nada su crecimiento y, por ende, las actuales políticas de drogas son vistas como contraproducentes. En ese sentido, lo que observamos es un aumento de la estigmatización y exclusión que sufren a diario aquellas personas que usan drogas – una población doblemente vulnerable tanto a los impactos del narcotráfico como de su criminalización.

Los siguientes casos han sido atendidos por la Línea Verde que brinda asistencia e información legal a todos los peruanos sindicados y detenidos arbitrariamente por posesión no punible de drogas (marihuana, en su mayoría). A ellos se les brinda información personalizada y consejería legal a fin de evitar actos de abuso y corrupción a nivel prejudicial.

A continuación, presento algunos casos representativos de lo que ocurre a diario en las calles y Comisarías del país:

Andrés, de 20 años, es estudiante. Es consumidor ocasional de marihuana. En abril del 2013, ha sido intervenido en Magdalena por la Policía por consumo en la vía pública. La detención no duró más de un par de horas; sin embargo, por más que la Línea Verde logró convencer al Policía a cargo de la detención que se trataba de un caso de consumo, éste intentó quedarse con la bicicleta y el celular de Andrés aludiendo que era un procedimiento reglamentario.

Luis, de 26 años, trabaja y vive con sus padres. Es quien sustenta a su familia. Es consumidor de marihuana y PBC. En abril del 2013, ha sido detenido durante 11 días en el calabozo de una Comisaría del Callao y estuvo a punto de perder su trabajo. Los Policías a cargo de la detención le sembraron 8 ketes de PBC, tomaron su declaración sin presencia de un abogado y recién después de 11 días, notificaron al Fiscal, el cual dispuso la libertad de Luis ya que se trataba de un caso de consumo. 

Nicolás, de 21 años, vive con su esposa e hijo en una chacra en las afueras de Lima. Es rastafari y usa la marihuana en sus ceremonias religiosas. Asimismo tiene cinco plantas de marihuana para uso personal. La apariencia de Nicolás (dreadlocks o trenzas rastas – símbolo de pertenencia a la religión) causaron temor a su vecina evangélica quien veía en él la imagen del diablo y lo denunció ante la Policía. Nicolás estuvo detenido en la comisaría durante 15 días hasta que lo trasladaron al Penal de Lurigancho donde le cortaron el pelo y sufrió malos tratos por parte de otros internos. Nicolás estuvo en detención preventiva durante cuatro meses mientras apelaba el mandato de su detención. Con el apoyo de la Línea Verde enfrenta ahora su proceso penal en libertad.

En conclusión, en todos estos casos llevados por la Línea Verde, se puede observar la falta de criterio, la mala práctica y la absoluta discrecionalidad de la Policía en temas relacionados al consumo de drogas. La Policía, a través de técnicas de investigación e inteligencia, sólo podría detener a alguien si tiene indicios suficientes de que dicha persona está vendiendo o por vender drogas. Sin embargo, optar por el camino fácil (detener para investigar) vulnera de forma sistemática los derechos fundamentales (entre otros la presunción de inocencia) de las personas más vulnerables a los efectos del narcotráfico y su criminalización.

El sufrimiento que causa la Policía en aquellos consumidores de drogas no previene ni disuade el consumo. No olvidemos que los estragos que causa una detención arbitraria van más allá del momento de la detención y no solo afecta a la víctima, sino que afecta también a sus familiares y comunidades.

Cana por plantas. ¿Qué hay de mis derechos?

Lima, setiembre del 2013

En Perú el uso de drogas no está penado de acuerdo a la Ley Penal. En ese sentido, una persona puede poseer hasta 8 gramos de marihuana para su consumo. El cultivo de marihuana sí lo está y se prevé una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años (menos de 100 plantas) y 8 a 15 años (más de 100 plantas).  Sin embargo, el cultivo de marihuana debe destinarse necesariamente al tráfico ilícito de drogas. En teoría, no se castiga el cultivo de plantas para el propio consumo – el auto cultivo. La práctica demuestra todo lo contrario.

¿Cuándo hablar de tráfico o de consumo? Según declaró Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la Revista THC^[1], solo se podría detener a alguien si se tiene indicios suficientes de que está vendiendo o por vender esa sustancia “o que la está teniendo en una cantidad que genera un riesgo de distribución, gratuita o no. […] no pueden iniciar una causa si no hay una presunción de delito, si no hay un indicio serio y concreto. Se habla de ‘sospecha’, pero la sospecha es subjetiva […]. El indicio es una cosa más objetiva, el tipo que va con una bolsa al hombro llena de marihuana es un indicio”.

En el caso de allanamientos a casa de consumidores, declaró que “[e]s lo mismo que tener un porro, una macetita podés tener. Si tengo todo el jardín plantado […] eso es otra cosa.” Asimismo refiere que el cultivo de por lo menos cinco plantas no es una producción

¿Cuál es el límite entonces? Según Zaffaroni, el límite es “la presunción de delito”. Es decir, “[s]iempre y cuando se presuma que el sujeto vende, produce, o que por la cantidad de sustancia genera un riesgo de distribución”. Finalmente, agregó que “el allanamiento hay que hacerlo con orden judicial y la orden judicial se da cuando hay un indicio serio de delito, sino el juez no puede dar la orden. Es la responsabilidad del juez. Nadie puede ordenar un allanamiento por un porro o una planta.”

El caso de Nicolás

Nicolás, de 21 años, vive con su pareja e hijo en una chacra de Pachacamac, en las afuera de Lima. Es rasta[2] y tiene cinco plantas de marihuana para uso en ceremonias y rituales. Nicolás lleva dreadlocks y su apariencia le causó temor en su vecina evangélica quien veía en él la imagen del diablo. Es así que lo denunció a la Policía. Nicolás estuvo detenido en la comisaría durante 15 días hasta que lo trasladaron al Penal de Lurigancho donde le cortaron el pelo y sufrió malos tratos por parte de otros internos. Nicolás estuvo en detención preventiva durante cuatro meses mientras peleaba la apelación de su mandato de detención. Con el apoyo de la Línea Verde enfrenta ahora su proceso penal en libertad.

La detención preventiva como pena anticipada

El Juez de primera instancia dictó el mandato de detención por el mero de hecho de no contar con domicilio conocido o trabajo formal. A esto se suma el alto impacto social de los delitos de drogas y la mala interpretación de la Ley Penal y Procesal Penal. Sin embargo, ¿era motivo suficiente para dictar tal medida?

Pues, no. Para dictar la detención preventiva se debe tener en cuenta tres criterios: 1) suficientes pruebas de la comisión de un delito; 2) una sanción a imponerse mayor a los cuatro años; y 3) que exista peligro de fuga o perturbación de la investigación. Ya que no existían suficientes pruebas de que Nicolás estuviera traficando marihuana y que la sanción a imponerse es menor a cuatro años por la cantidad de plantas, la imposición de esta medida cautelar fue arbitraria por basarse únicamente en el peligro de fuga.

El equipo legal de la Línea Verde apeló el mandato de detención y logró en base a una argumentación sólida variar el mandato de detención por el de comparecencia a fin de que Nicolás pueda demostrarle al Estado que no solo es inocente sino que no es traficante ni mucho menos delincuente y que la simple tenencia de una o varias plantas de marihuana para el propio consumo no representa un delito.

Este hecho es particularmente importante si se tiene en cuenta el contexto de criminalización de las drogas en el Perú que, en cierta medida, vulnera los derechos fundamentales de aquellas personas que las usan. El imaginario social suele asociar uso de drogas y delincuencia, por ende, no se diferencia entre detención preventiva y pena privativa de la libertad. La variación del mandato de detención de Nicolás es un primer paso hacia un cambio muy necesario en la racionalización del uso excesivo de la detención preventiva y las representaciones sociales negativas respecto del uso de drogas.

Línea Verde

Centro de Investigación Drogas y DDHH

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[1] THC, edición especial, miércoles 26 de agosto del 2009

[2] El rasta defiende la creencia en Jah (Diós) que “guía a los hombres en su camino, los acompaña y los aparta de todo lo malo. Los rastas se vinculan con el entorno natural aprendiendo del mismo y procurando ser lo más inofensivos posible.” María Agustina Larrañaga, Notas sobre la espiritualidad rastafari, Espacio Laical, Año IV, Nº 16, Octubre-Diciembre 2008.

Esplendor y miseria de la erradicación

Fecha: 24 de agosto de 2011

No hace falta ser analista o especialista para darse cuenta de que treinta años de guerra contra el narcotráfico no han surtido ningún impacto tangible. Es más, dicha guerra,  impulsada en gran parte por Estados Unidos y las Naciones Unidas, ha tenido un efecto negativo sobre las zonas más pobres y vulnerables del país.

La guerra contra el narcotráfico se ha enfocado en erradicar de forma compulsiva cocales e impulsar políticas de mano dura contra los consumidores y micro comercializadores. Estas estrategias mal enfocadas han fracasado ya que no se centraron en el meollo del problema, es decir, la lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, el control de insumos químicos y la lucha contra el lavado de activos y la corrupción con enfoque en derechos humanos, inclusión, reducción de daños y programas de desarrollo alternativo.

Las políticas de erradicación han exacerbado la desigualdad y la marginación de los cocaleros ya agobiados por la pobreza y la exclusión. No se tomó en cuenta sus necesidades básicas  y no se les dio oportunidad alguna de movilidad social. Es de suma importancia que se desarrollen e implementen políticas y estrategias que apunten hacia la inclusión de estos actores a fin de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz. La erradicación compulsiva no es una solución viable y se debe reemplazar por estrategias de desarrollo alternativo, es decir, a través de una producción agropecuaria mixta y de la creación de un mercado de productos derivados de la hoja de coca y de servicios básicos (agua, saneamiento, recuperación de energía a partir del biogás, etc.).

La creación de mercados de productos derivados de la hoja de coca y de servicios básicos para los cocaleros y la población en general permitiría incrementar el nivel de ingresos y desarrollo tanto de los cocaleros y sus familias como del país. En efecto, dichos mercados permitirían a los cocaleros desarrollar alternativas de trabajo  gracias a sus producciones logrando así un equilibrio entre oferta y demanda de productos en el mercado interno. Asimismo, asegurar la viabilidad de dichos mercados tiene beneficios  múltiples para el país: aumento de la productividad, creación de empleos y mejora de la educación, reducción de las enfermedades hídricas y diarreicas, etc.

La suspensión temporal de las actividades de erradicación es la decisión más acertada y adecuada ya que permite evaluar la magnitud y los desafíos del país en materia de control de drogas y lucha contra el narcotráfico sabiendo muy bien que las políticas del pasado al respecto han sido ineficaces y débiles. El trabajo en colaboración estrecha con los actores a nivel local permitirá, por una parte, reducir potencialmente el problema del narcotráfico en el Perú y, por otra parte, reducir los niveles de pobreza en las cuencas cocaleras. Ya que se trata de un cese temporal, la gran interrogante es en qué medida seguirán con la erradicación de cocales. La erradicación focalizada debería centrarse en áreas donde hay presencia de traficantes y grupos terroristas, es decir, donde se han encontrado pozas de maceración.

En fin, a pesar del crecimiento de las inversiones extranjeras directas (IED), de los intercambios comerciales transfronterizos más fluidos y de una economía peruana cada vez más competitiva, el gobierno peruano se ha mostrado débil, ineficiente y corrupto en materia de políticas de control de drogas y de reducción de daños. Es la razón por la cual el tráfico ilícito de drogas se abrió camino para alcanzar las altas esferas económicas y políticas del Perú.

Como ya lo mencionamos, la guerra contra el narcotráfico en el Perú no debería de enfocarse en cocaleros, consumidores y micro comercializadores sino más bien en el lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, el control de insumos químicos y la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Es de suma importancia desarrollar políticas apuntando hacia la reducción de daños y estrategias basadas en el desarrollo alternativo ya que la guerra contra el narcotráfico no se ganará nunca si no se logra cierto grado de inclusión y participación ciudadana a fin de mejorar la salud, la calidad de vida y la seguridad a nivel nacional e internacional.

Drogas: Una estrategia integral

Fecha: 07 de setiembre de 2011

Multilateralismo, lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, control de insumos químicos, y lucha contra el lavado de activos y la corrupción son parte de una solución integral al problema del tráfico ilícito de drogas a nivel nacional y mundial.

El narcotráfico es un fenómeno mundial que necesita una respuesta basada en la responsabilidad compartida entre países productores y países consumidores. Asimismo, dicha respuesta necesita enfocarse en la formulación de políticas con base empírica, en una diferenciación clara entre usos y patrones de usos, en la reducción de daños y riesgos, en el fomento de la sensibilidad cultural, en el respecto a los derechos humanos y en la proporcionalidad de penas.

Si bien se habla mucho de la erradicación de cocales, sabemos que esta herramienta de lucha contra el tráfico ilícito de drogas no ha dado frutos ya que la audacia y flexibilidad de los narcotraficantes frente al accionar policial en las zonas cocaleras supera de lejos su capacidad de respuesta inmediata. Es por esa razón que se tiene que redefinir las políticas y estrategias actuales en materia de control de drogas. Surge, entonces, la necesidad de investigar a fondo los impactos posibles de herramientas como la erradicación focalizada, el desarrollo alternativo, la lucha contra la pobreza, la educación así como la prevención de la toxicomanía y su reincidencia.

Las estrategias de reducción de la oferta son imprescindibles. Sin embargo, se necesita desarrollar e implementar una estrategia integral que apunte también hacia la reducción de la demanda – es decir, el control de drogas desde el punto de vista de la salud pública.

La reducción de daños y riesgos a través de la prevención y la educación son claves. Asimismo, las escuelas son el foco de aprendizaje más importante para los niños y desempeñan un papel central en la comunidad en general. Se trata de un entorno de desarrollo donde los niños pueden implementar cambios. Es más, las escuelas ejercen una influencia profunda en la sociedad así como en el seno de los hogares a través de actividades de prevención, educación y sensibilización.

Por otro lado, se debe implementar servicios integrales de salud para toxicómanos que puedan acudir a centros de atención médica, psicológica y farmacológica de forma gratuita. Frente a las políticas represivas en materia de drogas y el aumento de la población carcelaria por delitos relacionados, es importante prever estrategias de prevención y tratamiento de toxicómanos en las cárceles y después de la detención.

En esa óptica, es necesaria una reforma de la Ley General de Salud (Ley Nº 26842) a fin de diferenciar consumo no problemático, toxicomanía y delitos relacionados con drogas. La toxicomanía no es un delito, y la privación de libertad en caso de consumo se debe aplicar siempre y cuando exista peligro para terceros o se afecte la tranquilidad pública. En tal sentido, se debe solicitar derogatoria de la Ley Nº 29737 (que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 26842) y se debe desarrollar herramientas para la toma de decisiones propias (con apoyo) para toxicómanos e implementar nuevos métodos de identificación de la dependencia física o psíquica a través de centros de diagnóstico especializados.

Finalmente, las nuevas estrategias y políticas deberán basarse en una investigación pertinente y estadísticas actualizadas y sólidas en materia de drogas y salud pública a fin de subsanar las lagunas en los datos oficiales. En ese sentido, las estadísticas deberán enfocarse en una evaluación rigurosa de los usos, costumbres y contextos socioculturales y socioeconómicos propios a la realidad nacional sin importar las convenciones internacionales sobre estupefacientes que adhieren al principio de una solución única para todos.

A modo de conclusión, es importante resaltar que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas necesita una respuesta integral que incluye tanto la reducción de la oferta, es decir la lucha contra la pobreza, el desarrollo alternativo, la lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, el control de insumos químicos, la erradicación focalizada y la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, como la reducción de la demanda, es decir la reducción de daños y riesgos a través de la prevención y la educación y los servicios integrales de salud para toxicómanos – en otras palabras, considerar el fenómeno de las drogas desde el punto de vista de la salud pública.