Fecha: 29 de agosto del 2013
Por: Antonio Gutiérrez, CIDDH
Foto: Centro de Rehabilitación «Palmasola»
La reciente crisis producida en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, con la muerte de 35 reclusos de los cuales sólo uno estaba sentenciado, nos vuelve a recordar tristemente la magnitud de la crisis humanitaria que viven los sistemas penitenciarios latinoamericanos.
Crisis carcelaria en América Latina
El sistema interamericano se ha pronunciado al respecto[i], desde el año 2000 hasta hoy, la CIDH aprobó 75 informes de admisibilidad, 29 informes de fondo y otorgó 59 medidas cautelares relacionadas a las violaciones de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad. La ONU tiene un instituto dedicado exclusivamente a esta temática: el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) que tienen varias publicaciones sobre este tema. Los Relatores Especiales de la OEA entre el 2004 y 2012 realizaron 22 visitas de trabajo a 16 países y fue partícipe de la preparación del documento: “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (Resolución 01/08), adoptada durante el 131° Periodo Ordinario de Sesiones. Pero ni los políticos, ni la prensa regional se atreven a ponerle «el cascabel al gato», dejando sin materializar todos estos pronunciamientos.
Periódicamente recibimos noticias sobre crisis carcelarias en distintos países: las masacres producidas en Honduras que en los últimos 30 meses suman 400 muertos y cuyo presidente, Porfirio Lobo, ha optado por militarizar la Penitenciaría Nacional[ii]; el incendio ocurrido el 13 de agosto de 2013 en la cárcel de Quillota, Chile, producto de una riña entre presidiarios[iii], en Perú a principios del 2012 se estimaba más de 1,200 casos de tuberculosis en las 65 cárceles del país[iv] y también se declaró en emergencia el sistema penitenciario nacional hasta el 31 de diciembre del mismo año[v], por otro lado, el número de reos ha aumentado en un 32% entre el 28 de julio del 2011 y el 21 de mayo del 2013, mientras que la capacidad de las cárceles del Perú es de 28.911 internos, hasta el 21 de mayo albergaban 64.418 presos[vi].
Inseguridad ciudadana
Estos acontecimientos nos hacen recordar la dificultad que tienen los distintos gobiernos latinoamericanos para resolver los problemas de inseguridad ciudadana por medios distintos al carcelario.
Se pueden detectar dos tipos de dificultades. La primera de ellas se debe a un cálculo político, las verdaderas reformas pueden demorar cierto tiempo e inversión. Los gobiernos suelen tener periodos de 5-6 años y la iniciación de una obra o las reformas a largo plazo tienen una percepción negativa en la población que pide cambios tangibles e inmediatos. La encrucijada es que hacer las cosas correctas genera impopularidad y los créditos políticos se los llevará el grupo político que culmine lo que se empezó. Por ende, se prefieren reformas de corto plazo, que no resuelven los problemas de fondo.
El segundo tipo de dificultades está en función al crecimiento de la inseguridad y la demanda de la población. El imaginario colectivo se ha construido de tal manera, que la solución que se demanda para solucionar el problema es incrementar la severidad de las políticas y las leyes penales. Lo cual, genera mayor cantidad de problemas e incluso mayor delincuencia, cayendo en un círculo vicioso. Donde la respuesta al aumento de la inseguridad ciudadana por parte de la población (y de los políticos que esperan satisfacer a la población en búsqueda de rédito político) es el incremento de ‘la severidad’, la cual se traduce en mayor inseguridad ciudadana.
Severidad y Detención, ¿solución?
Esta aparente severidad se traduce en un mayor número de leyes y restricciones más drásticas, y el incremento de detenciones policiales, medidas cautelares que se convierten en permanentes y restricción de beneficios. Aparentemente, estas medidas debían dar resultados favorables. El indicador de éxito de muchas comisarías está en función de cuantos ‘delincuentes’ se detienen. Sin embargo, la mayoría de estas normativas y medidas lleva a un incremento del hacinamiento (superpoblación de las cárceles), mayor corrupción por parte de los policías para detener a un mayor número de personas sin importar su culpabilidad, y la estigmatización de los presos una vez liberados, dificultando su reinserción en la sociedad y en el mercado laboral haciendo que incluso algunos de los que eran inocentes antes de entrar, se vean llevados a caer en el crimen por no poder conseguir un empleo.
Estas políticas públicas, tienen como consecuencias claras violaciones a los DD.HH y a la garantía del debido proceso. Existen, entre otras, tres que suelen causar bastante graves: la prisión preventiva, las detenciones excesivas, y, la falta de beneficios penitenciarios. Encontrarse en prisión es perder un solo derecho: la libertad. Lastimosamente, nuestros sistemas penitenciarios y nuestras políticas de seguridad ciudadana están lejos de entender esto y terminan vulnerando más derechos.
La prisión preventiva es la privación de la libertad de una persona de quien se tiene indicios de culpabilidad, que podría darse a la fuga o que podría destruir las evidencias en su contra, evitando la realización del procedimiento penal. Esta figura debería usarse sólo excepcionalmente. Sin embargo, la subjetividad que enmascara esta medida, termina predisponiendo a las autoridades a su uso excesivo. De esta manera, se ha pasado a la presunción de inocencia, a la presunción de culpabilidad (donde toda persona es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. En un día cualquiera, se estima que unos tres millones de personas alrededor del mundo se encuentran encarceladas esperando juicio.[vii] El uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva lleva a: exponer a los presos a la violencia institucional (los índices de homicidio y suicidio son considerablemente mayores entre los detenidos en prisión preventiva que entre los presos condenados[viii]); el contagio de enfermedades infecciosas debido al hacinamiento; malnutrición debido a la falta de recursos del Estado para cada prisión debido al hacinamiento; la estigmatización social por haber estado en prisión no distingue de si se fue culpable o inocente generando rupturas familiares y pérdidas de empleo (cerrando las puertas a un nuevo trabajo una vez que se sale de prisión); los detenidos pierdan sus ingresos económicos y su aporte a la canasta básica familiar una vez que salen de prisión disminuye, afectando directamente la economía y el desarrollo familiar; genera una mayor tendencia delictiva posterior a la obtención de libertad. Pese a que el derecho internacional prohíbe la prisión preventiva innecesaria y arbitraria, en algunos países, más de tres cuartas partes de todos los presos están en prisión preventiva. En Latinoamérica, Haití tiene un 84%, Bolivia 75%[ix] y en Perú los presos no sentenciados oscilaron entre el 58% y el 67% entre los años 2006 y 2011[x]
La detención excesiva va de la mano con el problema anterior. La idea nefasta de que se está mejorando la seguridad por detener un mayor número de personas, ha llevado a varios Estados, a violar gravemente los DD.HH. En el caso del Perú, en un lapso de 15 años (entre el año 1994-2011) la población penal se incrementó en 28 403 personas. De los cuales en su mayoría siempre son procesados y no sentenciados. La medición de ‘progreso’ en la política de seguridad en función a detenciones, sólo lleva a un incremento de corrupción en los penales y en los policías que por tener un mayor número de detenciones, siembran droga en las personas o inculpan de crímenes sin mayor evidencia. A su vez esto genera un incremento de la población carcelaria haciendo insostenible las prisiones sin atentar contra los derechos humanos de los reos o al menos no garantizarlos.
En lo referido a los beneficios penitenciarios, estos están constituidos con el objetivo de re socializar a los condenados a través del trabajo y la educación, sin embargo, muchas cárceles no cuentan con estos beneficios. Manteniendo por mucho más tiempo a los presidiarios en comparación del tiempo que estarían si éstos existiesen, y imposibilitando su reinserción en la sociedad y en el mercado laboral una vez que estos salgan de la prisión, dejando como una de sus soluciones a esta ‘frustración post-carcelaria’ de reincidir en el crimen o comenzar a cometerlo.
Lejos de mejorar, la situación de la cárcel en América Latina vive alrededor del hacinamiento, la violencia, la corrupción, y la inutilidad de políticas discursivas que no re socializan y solamente encierran.
Delitos por drogas
Todos estos problemas se viven, fundamentalmente, alrededor de los delitos de drogas que, hoy por hoy se convierten en el quid de la cuestión. En el Perú, ocupan el segundo lugar (25,3% de la población penitenciaria[xi]). Brasil tiene un aproximado de 24% de presos por tráfico ilícito de drogas[xii], mientras que en México entre 2006 y 2011 hubo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 136 946 detenidos por consumo y 249 629 detenidos por posesión de drogas (que dados los bajos montos establecidos en la ley para presumir consumo, podemos suponer también incluyen un elevado número de consumidores), hubo cerca de 400.000 detenidos por consumo y posesión.[xiii] El caso de Ecuador es interesante, pues si bien no produce tanta droga como otros países, tiene una de las políticas anti-drogas más duras de la región que han provocado que, según reporte de la Defensoría Pública al 2011, más del 34% de las personas privadas de la libertad estén recluidas por haberse involucrado en delitos de drogas, siendo el componente más grande incluso por encima de otros delitos como robos u homicidios[xiv].
Las leyes contra las drogas, que cada vez se vuelven más drásticas para eliminar el TID, terminan siendo una de las principales causas de hacinamiento, teniendo en cuenta que en la mayoría de países existe un exceso del uso de la prisión preventiva, y por el contrario, no generan una solución a los problemas del narcotráfico sólo alimentan el mismo círculo vicioso.
[i] La CIDH Realizó un informe sobre los derechos de las personas privadas de libertad. INFORME SOBRE LAS LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64. 31 diciembre 2011)
[vii] OPEN SOCIETY INSTITUTE, La Justicia Previa a Juicio: Hoja informativa
[x] CIDDH, Drogas y políticas Carcelarias en el Perú. Diciembre 2012
[xi] Guillén, S (2012), Impacto de las drogas en las cárceles, Presentación de Silvio Guillén Zuñiga, 24 de agosto 2012
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 