Comunicado de Prensa de la Sociedad Civil a los Gobiernos con vistas a la AGE-OEA Guatemala 2014

COMUNICADO DE PRENSA

 

Por un nuevo paradigma en las políticas de drogas:

un llamado de la sociedad civil a los Estados de la región

 

“Aportes de la Sociedad Civil a los Gobiernos con vistas a la Asamblea Extraordinaria sobre el Problema Mundial de las Drogas de OEA del 19 de septiembre de 2014 en Ciudad de Guatemala”.

2 de septiembre de 2014 – San José, Costa Rica

En el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Partiendo de los consensos logrados durante la Asamblea General de la OEA de junio de 2013 en La Antigua, Guatemala, plasmados en las “Recomendaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales” (OEA/Ser.G – CP/CISC-688/13), hacemos llegar a los Estados Miembros presentes en la 46ª Asamblea General Extraordinaria de la OEA, los siguientes aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas (OEA/Ser.P AG/CP/GT/RDA-3/14 rev. 7, 29 de agosto de 2014).

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización. Reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros todos los años en periodos ordinarios de sesiones y también en circunstancias especiales. Cada Estado tiene derecho a un voto. La Asamblea General decide la acción y la política general de la Organización, determina la estructura y funciones de sus órganos, aprueba su programa, presupuesto y considera cualquier asunto relativo a las relaciones entre los Estados Miembros.

 

Aportes sugeridos al Proyecto de Resolución

• Consideramos que el actual enfoque de las políticas de drogas, centradas mayormente en políticas represivas, es lo que genera mayor ruptura de lazos sociales, marginalización, estigmatización y discriminación.

• La aplicación de las convenciones sobre drogas de la ONU, debe estar sujeta a los estándares establecidos en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a cualquier política de drogas que los Estados lleven a cabo.

•  Se debe distinguir entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a las políticas de drogas. Si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalización y los enfoques punitivos de control, los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el abuso de las sustancias.

• Todos los cambios sobre políticas de drogas, actuales y futuras, bajo ninguna circunstancia deben causar o significar retrocesos en la democracia y el respeto a los derechos humanos; con la predisposición a explorar alternativas que busquen reducir la violencia y la militarización, incluyendo la posibilidad de que el Estado regule la disponibilidad –y por tanto el mercado– de ciertas drogas, no solo en lo referente al uso medicinal y de investigación.

• Reconocer que para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad, para lo cual demandamos cooperación para el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para tal fin.

• Es necesario diferenciar entre los distintos tipos de consumo, teniendo en cuenta que los problemáticos requieren una respuesta socio-sanitaria. (sin menoscabar la importancia de las políticas y acciones de prevención).  Los Estados deben poner especial atención en los dispositivos de proximidad, de intervención comunitaria, como las estrategias de reducción de riesgos y daños.  En este sentido, los Estados deben promover y fortalecer el desarrollo de dispositivos ambulatorios y de base comunitaria que se complementen con los de tipo residencial en una red de abordaje integral. Los dispositivos de atención a los usuarios deben basarse en fundamentos científicos y evidencia empírica ajustados a principios éticos, además de sancionar los servicios de salud que se presten por fuera de los marcos legales y no respeten los derechos humanos.

• Los Estados deben respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas. Los centros de tratamiento compulsivo deben ser suprimidos de las respuestas de salud pública.

• Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Se sugiere separar del campo penal y de la seguridad, el uso y consumo personal de las drogas. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente deben hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y de los  sistemas de justicia.

• Creemos conveniente que la Resolución inste a adoptar medidas innovadoras respecto de la actuación de los sistemas penales, que tengan por fin la reducción del hacinamiento carcelario y de las detenciones de usuarios por posesión de drogas, asegurando la proporcionalidad de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delito y estableciendo y ampliando las alternativas al encarcelamiento.. Ello, excluyendo la implementación de Cortes de Drogas y todo otro tipo de medidas que perpetúen la misma lógica represiva y mantengan al sistema penal como regulador de problemáticas socio-sanitarias, que deben ser gestionados por las áreas pertinentes de los Estados. Asimismo es necesaria la revisión de ejecución de penas para delitos relacionados con las drogas.

• Incorporar una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres.

• Reconocer la experimentación de modelos normativos de regulación de las drogas, dado que aquellos hasta ahora desarrollados por la región resultaron ser inefectivos, costosos y contraproducentes. La finalidad de estos modelos alternativos debe ser reducir la influencia que hoy tienen las organizaciones criminales, con graves efectos de violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.

•  Los Estados deben adoptar un enfoque integral en los programas de desarrollo alternativo a cultivos de uso ilícito, que tenga en cuenta la pobreza, exclusión social y abandono estatal de los cultivadores de la región.

•  Reconocer los usos tradicionales como el masticado y otros usos cotidianos de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Los potenciales usos terapéuticos deberían ser investigados.

•  La elaboración de un Plan de Acción Hemisférico de Prevención del Delito y la Violencia debe incluir, como uno de los factores que hoy contribuyen al incremento de la violencia y la delincuencia, las consecuencias de las actuales políticas de drogas o la llamada “Guerra contra las Drogas.

•  Alentar un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales, involucrando a todas las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas.

• Llamamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Mujeres, y CICAD, así como otras entidades pertinentes de la OEA tales como el Mecanismo de Evaluación Multilateral, establezcan y fortalezcan su colaboración permanente en el tema e incluyan la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos de las mujeres, en la adopción de medidas o políticas para abordar este tema, incluyendo la instrumentación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011-2015 y en el diseño del próximo Plan hemisférico 2016-2032.

  

Leer documento “Aportes de la sociedad civil (…)” completo:

http://conferenciadrogas.com/2014/wp-content/uploads/2014/09/Declaracion.-Aportes-de-las-OSC-con-vistas-a-AGE-2014.pdf

 

Organizaciones firmantes:

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Costa Rica

Asuntos del Sur (ADS), Chile

Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú

Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), República Dominicana

Colectivo por la una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Corporación Humanas, Chile

Corporación Humanas, Colombia

Dejusticia, Colombia

Drug Policy Alliance (DPA), E.E.U.U.

Equis, Justicia para las Mujeres, México

Espolea Asociación Civil, México

Fundación Nueva Oportunidad, Costa Rica

Fundación Quitu Raymi, Ecuador

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala

Intercambios Asociación Civil, Argentina

Intercambios, Puerto Rico

International Drug Policy Consortium (IDPC)

México Unido Contra la Delincuencia(MUCD)/Transform, México

Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), Bolivia

Puente, Investigación y Enlace (PIE), Bolivia

Proderechos, Uruguay

Psicotropicus, Centro Brasileiro sobre Políticas de Drogas, Brasil

Red Americana de Intervención en Situación de Sufrimiento Social (RAISSS)

Transnational Insitute (TNI), Países Bajos

Washington Office on Latin America (WOLA), E.E.U.U.

 

 

CONTACTOS DE PRENSA EN CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE:

 

Pablo Cymerman, Intercambios Asociación Civil +54 911 6100 3000 pablocymerman@gmail.com

Carmen Rosa de León, IEAPDES (+ 502) 52080607

Enrique Álvarez, Incidencia Democrática (IDEM) (+ 502) 57046391

COMUNICADO FRENTE A RENUNCIA DE PRESIDENTA DE DEVIDA – ¿FIN DEL SECUESTRO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS?

Fecha: 28 de mayo de 2014

Fuente: CIDDH

¿FIN DEL SECUESTRO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS?  EN BUSCA DE EFICIENCIA, PROPORCIONALIDAD Y COHERENCIA.

Acaba de producirse la renuncia de la Sra. Carmen Masías a la Presidencia de DEVIDA; con lo cual terminan dos años y tres meses de inacción, de falta de claridad y voluntad política para producir una Política sobre Drogas eficiente, sostenible, respetuosa y clara; en más de la primera mitad del gobierno de la “gran transformación” se ha perdido valioso tiempo para producir reformas en la gestión de los gobiernos regionales comprometidos, la reforma de la Justicia, la debilidad policial y la dependencia a la cooperación y posiciones externas.

Mientras otros países como EE.UU, Colombia, Guatemala y Uruguay han iniciado procesos de reforma clara a nivel interno (apoyados por el Informe Hemisférico de la OEA, la Declaración de Antigua de la cuadragésima tercer Asamblea General de la OEA del año 2013[1]), desde enero del 2012, el Perú se mantuvo errado, sin autonomía, apoyando viejas y obsoletas políticas de control y “guerra”, que no previenen ni reducen el problema de los usos y tráficos indebidos.

Seguridad y Justicia. El mal enfoque ha permitido el crecimiento de la gran criminalidad organizada y el lavado de activos, mientras se dedican gran parte de los escasos recursos en perseguir “pacotilla”, los últimos eslabones sociales (usuarios, burriers, mochileros); mientras en el campo, se amenaza  con erradicar cultivos de coca en una zona que no conviene confrontar –ni alimentar discursos violentistas-  sino, incorporar a un Estado de Derecho que le resuelva problemas; la experiencia en el mundo indica que ninguna erradicación forzosa funciona sin alternativas concretas a nivel agrario, comercial y financiero. Durante la gestión de la Señora Masías, se mantuvo errores garrafales en todos los campos administrativos, manteniendo el enfoque discursivo, represivo y asistencialista, de la Reducción de la Oferta, mientras que, en la práctica, la PNP/SBS/SUNAT/MP/PJ/INPE, es decir, nuestro sistema de política criminal, y particularmente el de control de insumos y lavado de dinero, han sido fácilmente desbordados por la corrupción, la ignorancia y la falta de voluntad política para rearmar al Estado peruano en su enfrentamiento con la criminalidad organizada:

Desarrollo Alternativo: El modelo agro exportador no es necesariamente la solución en la Selva Alta, ni tampoco el promovido por el extractivismo, los hidrocarburos y el gas. En la anterior gestión, no se corrigieron los problemas que tiene el MEF, el Presupuesto  y la Administración Pública en general para fortalecer e impulsar programas de desarrollo local, salvo articulándose a los precios internacionales del café y cacao (ahora, la afectación de la roya es grave). Somos los primeros productores mundiales de coca y de PBC, nuestras políticas de erradicación de cultivos no consiguen detener la producción intensiva de droga; ENACO no se ha potenciado ni reformado y el futuro no es claro: confluencia de tráficos, nuevo escenario hacia Brasil y convulsión en la Selva Alta del sur andino. En especial, ha habido una incapacidad estatal para ingresar desde la Democracia, el Derecho y el Desarrollo al VRAEM, lo que deja esta zona sino con soluciones militares y policivas.

Salud Mental, A pesar de ser la especialidad de la Sra. Masías, no se pudo siquiera empezar a resolver el desmadre producido por el ex presidente Alan García que dejó en manos privadas (y sin control del MINSA) la atención terapéutica (Ley 29765 y su Reglamento, D.S. 006-2012-SA);  lo que explica en parte la catástrofe producida en el verano de 2012 con 43 muertos en dos centros terapéuticos de Lima. Carecemos de una Ley  y de un Sistema de Salud Mental que lo respalde (solo tenemos 4 instituciones con capacidad de albergue).

Relaciones Internacionales. En este período, el Perú representado frecuentemente por la Sra. Masías y su equipo de CEDRO, CONSULTANDES, se ha opuesto en todos los foros internacionales posibles (CICAD-OEA, CELAC, UNASUR, ONU, G77) a las posiciones progresistas de reforma en los campos de la Salud, la Seguridad y Justicia, y, las Relaciones Internacionales. En el camino, ha cometido gruesos errores diplomáticos en contra de nuestros vecinos y países hermanos, pretendiendo imponer su punto de vista.

Solicitamos al nuevo Presidente Ejecutivo, que lea con calma este documento, que impulse todas las acciones correctivas necesarias –en el cortísimo y mediano plazo- para impedir la continuidad de las mafias que se mueven alrededor del Control de Drogas y el Desarrollo Alternativo y nuestra actual dependencia a otros Estados, sus políticas exteriores y a organismos internacionales.

 

Lima, 28 de mayo del 2014

 

[1] Ambos documentos pueden revisarse, respectivamente, en los siguientes enlaces: http://druglawreform.info/images/stories/documents/Informe-OEA_Escenarios-para-el-problema-de-las-drogas.pdf y http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010

Comunicado de prensa – Declaración Ministerial Conjunta de la 57° Sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Fecha: 18 de marzo de 2014

Como resultado de varios días de trabajo en la 57° Sesión de la Comisión de Estupefacientes, en Viena, en torno a la evaluación de la “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas” del año 2009, se presentó hace unos días una Declaración Ministerial Conjunta. El documento, que pretende esbozar el estado actual de la cooperación internacional y de la lucha contra las drogas, no contempla las diversas falencias del paradigma predominante que busca enfrentar este fenómeno, pese a los diversos intentos de reforma de algunos Estados europeos y latinoamericanos. Este hecho representa no solo un estancamiento en el enfrentamiento al problema mundial de las drogas sino también un retroceso en torno al proceso de  reforma que ya se ha venido produciendo desde años atrás.

A lo largo de la Resolución Ministerial Conjunta, se ha podido apreciar un fuerte tono de resistencia y adhesión a los tres principales convenios internacionales en materia de lucha contra las drogas (1961, 1971 y 1988), los mismos que, por décadas, han sido los instrumentos base de una guerra que no ha producido resultados significativos y sostenibles en esta materia. Entre otras cuestiones, la Resolución ratifica apoyo al multilateralismo, reconoce que el problema de las drogas continúa siendo una amenaza para el desarrollo de la humanidad y para el buen gobierno y busca impulsar la revisión de asistencias técnicas y legales sobre el narcotráfico. Así mismo, plantea la necesidad de la existencia de un debate necesario con evidencia científica sobre las mejores formas de lucha contra las drogas. El problema es que hace todos estos llamados en concordancia con los principales convenios internacionales a los que se hizo mención previamente, limitando la capacidad de la sociedad civil y de los Estados más interesados de poder plantear el debate con evidencia científica sobre alternativas coherentes que sí produzcan resultados efectivos a corto y largo plazo.

Los países más afectados por el fenómeno de las drogas han hecho diversos llamados para revisar las políticas actuales durante esta Sesión de la Comisión de Estupefacientes. Así, Estados como Colombia, Guatemala, Ecuador, México, Uruguay, Ucrania y República Checa han levantado su voz de protesta a favor de un cambio de dirección urgente para abordar el problema mundial de las drogas. Las propuestas están sobre la mesa, pero aún existe una corriente que ejerce resistencia a cualquier intento de reforma al régimen internacional de las drogas, aún fuertemente influenciado por los intereses particulares de Estados con más poder que otros. El caso peruano demuestra la existencia de un dócil aliado del actual régimen, al mismo al que se somete, lamentablemente, por cuestiones de costos y beneficios político – pragmáticas.

Encuentra la Declaración Ministerial Conjunta aquí.

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Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos

Carta abierta: Regulación del mercado de cannabis en Uruguay

Un nuevo paradigma para las políticas sobre drogas

Lima, 11 de diciembre 2013

El 10 de diciembre del 2013, se aprobó en la Cámara Alta uruguaya el proyecto que regula la venta y habilita al autocultivo de cannabis[1]. El Centro de Investigación “Drogas y DDHH” (CIDDH) se dirige a los expertos y opinión pública, a fin de guiar el debate sobre las drogas y repensar las actuales políticas de drogas en el Perú.

El Gobierno del Uruguay parte del principio que las drogas siempre han existido, existen y seguirán existiendo. Desde una perspectiva científica y empírica, la Ley de regulación de la cannabis se basa en los siguientes paradigmas:

• El modelo prohibicionista ha fracasado, la política de drogas SÍ debe ser actualizada;
• Regular el mercado de cannabis SÍ arrebataría un negocio millonario que hoy alimenta la delincuencia y el narcotráfico;
• El cannabis SÍ tiene probados usos medicinales útiles;
• El cannabis NO es la puerta de entrada a otras drogas.

¿Regulación o legalización?

Legalizar, en lo que a políticas de drogas se refiere, significa que una sustancia pasa de estar prohibida a estar permitida. Regular significa establecer mecanismos de regulación legal para controlar todos los aspectos del mercado – incluyendo su producción, distribución, venta y posesión de una sustancia.

Así, la regulación del cannabis busca desviar esta sustancia del mercado ilegal al legal alejando a quienes la usan -uno de cada cinco uruguayos, uno de cada tres jóvenes montevideanos- de la oferta de drogas más peligrosas y adictivas[2]. Regular el cannabis permitirá, además, controlar la calidad de la sustancia a fin de prevenir y reducir los daños para la salud, difundir información sobre los riesgos que su consumo genera y garantizar su acceso para su uso medicinal[3].

¿Qué dice la Ley?

El control legal del mercado del cannabis en Uruguay brindará permisos para:

1. La producción,autorizando a ciertos establecimientos a producir cannabis para uso industrial, personal y medicinal;
2. Lacomercialización, habilitando ciertos sitios de venta de cannabis; y
3. El abastecimiento personal, permitiendo a los usuarios que accedan a la sustancia a sea a través del autocultivo (hasta 6 plantas), de sitios de venta autorizados (hasta 40 gramos por persona por mes), de una autorización del Ministerio de Salud Pública (para uso medicinal), o de clubes de cannabis (cantidad de plantas proporcional al número de miembros).

Finalmente, al igual que con el alcohol y el tabaco, la Ley busca limitar los daños y riesgos asociados al uso del cannabis:

1. Se prohíbe la venta a menores de edad;
2. Se sanciona a quienes conducen bajo sus efectos;
3. Se sanciona a quienes producen sin autorización; y
4. Se establece normas de consumo en espacios públicos y su publicidad estará prohibida.

¿Y qué hay de Perú?

El Código Penal peruano no criminaliza la posesión de pequeñas cantidades de droga para el uso personal (Art. 299º) – hasta 8 gramos de cannabis. Sin embargo, los efectivos policiales frecuentemente detienen a usuarios de drogas en virtud de la Constitución (art 2.24.f.), la cual señala que en casos de tráfico ilícito de drogas, la detención en Comisaría es de hasta 15 días (24 horas para otros delitos) y como medio para lograr dos objetivos: 1) incurrir en actos de corrupción y/o 2) investigar a los usuarios para que delaten a los micro comercializadores.

En 2012, la PNP ha detenido a 9,107 personas por consumo de drogas de un total de 14,723 personas intervenidas vinculadas al tráfico ilícito de drogas (TID). Es decir que alrededor de dos tercios de las intervenciones policiales dirigidas a la lucha contra el TID están dirigidas a los usuarios de drogas.

¿El Estado de verdad cree que así erradicará el crimen organizado y el tráfico de drogas en el Perú? Recordemos que, hoy en día, el Perú es primer productor mundial de cocaína a pesar de su incansable lucha contra las drogas. Es imprescindible un cambio de rumbo que coloque los derechos, y no los prejuicios y estereotipos, en el punto central de las políticas de drogas.

El debate sobre drogas en el Perú es inexistente y las actuales políticas de drogas se ven debilitadas por la corrupción y la violencia que generan en nombre de un mundo libre de drogas. La guerra contra las drogas ha demostrado su fracaso. Por esa razón, el CIDDH apoya al gobierno y la sociedad uruguaya y cree que es indispensable repensar las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos.

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[1] http://www.regulacionresponsable.org.uy/proyectoLeyRegulacion.pdf

[2]http://www.regulacionresponsable.org.uy/

[3]Id.

Salud Mental, Derechos Humanos y Globalización en el Perú

11 de octubre de 2013

Fuente: Internet.

El día de hoy (10 de octubre), se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental, en medio del serio problema que enfrenta los intentos de reforma de la salud y las reivindicaciones de distintos actores del sector. DEVIDA en este día se jacta de la presencia de 190 módulos de Salud Mental, que atienden en centros de salud de red primaria. Asimismo, de la existencia de 31 centros de escucha en municipios del país. Sin embargo, hemos tenido noticias sobre los severos recortes que tiene el pliego de DEVIDA sobre una serie de experiencias comunitarias.

El Perú cuenta con Lineamientos de Acción y un Plan Nacional de Salud Mental (2006). La Ley de Salud Mental duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República. Pero la verdad es que hay poca voluntad política y eso lo demuestra el nivel de Dirección que se le da a la salud mental.

No escapa a la memoria, que en el 2012 ocurrió la muerte de 46 internos y constantes problemas que ocurren, escapes, riñas, quejas. En la última etapa del gobierno de García –tan acostumbrado a entregar todo en manos privadas- se promulgó la Ley 29765 que regula el funcionamiento de las comunidades terapéuticas. Meses después apareció la R.M.368-2012-SA, que ordena la publicación de su Reglamento para que la comunidad opine, el mismo del que no tenemos noticias sobre su lanzamiento y resultados. Recientemente, en Chimbote, escaparon internos y fueron tratados como reclusos.

La realidad es que la Salud Mental es un convidado de piedra en una  mesa estatal donde la salud ocupa el 8.6% del presupuesto nacional (2012) y la salud mental, el 3% (aproximadamente) del presupuesto de MINSA[1], principalmente para cubrir los gastos de los 3 principales hospitales psiquiátricos[2]. De acuerdo al MINSA, en el Perú existen, en general, 8955 centros hospitalarios (hospitales, centros y puestos), con un total de 45,922 camas. De ellos, 21 hospitales ofrecen servicios de salud mental con 1067 camas disponibles. Mientras que en el primer nivel de atención (puestos), se basa en Guías de Práctica Clínica, la de abuso de drogas fue publicada por R.M 750-2008-SA, para un total de 19,886 personas con necesidad de atención, por problemas de salud mental. En mayo del 2012, la Directora de Salud Mental, Gloria Cueva decía que existían 300 centros terapéuticos en el país, de los cuales solo 47 eran formales, lo cual acredita que el principal problema es el de la informalidad en el que subsiste gran parte de la oferta para el caso de abuso de drogas.

Una de las pocas instituciones es la Defensoría del pueblo que ha evacuado dos informes defensoriales, el 102 y el 140, relacionados a la pésima situación de la salud mental, así como la enorme brecha que había por satisfacer. En el primero de ellos se señala, literalmente, que “la oferta de servicios del MINSA resulta inadecuada para cubrir la demanda de atención en salud mental a nivel nacional. Tampoco permite garantizar los derechos de las personas con enfermedades mentales a recibir la atención sanitaria y social que corresponde a sus necesidades de salud y a ser tratados en un ambiente lo menos restrictivo posible y, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que viven”. El informe defensorial 140, por otro lado, hace alusión a la falta de regulación en el ordenamiento jurídico para el internamiento voluntario e involuntario de las personas con trastornos mentales que la Ley General de Salud no ha previsto. En tal sentido, esas omisiones “constituyen una ausencia de las garantías necesarias para el respeto del derecho a la libertad de las personas con problemas de salud mental internadas en los establecimientos de salud, y un marco propicio para la vulneración de este derecho en las personas con trastornos mentales”. Ya el 2005, el Relator Especial había hecho su Informe Perú.

Viene a la mente el debate sobre el tema de las Cortes de Drogas que pretenden presentarse como una solución al actual letargo judicial y el  hacinamiento carcelario. Hemos dicho que de nada sirve esto, si no viene acompañado de la existencia de un verdadero sistema de atención integral de la salud mental.

En conclusión, el día de la Salud Mental debería ser tomado en cuenta para repensar las actuales políticas en la materia. Existen muchas deficiencias y vacíos legales en nuestro actual ordenamiento jurídico que no permiten regular los aspectos relativos a la salud mental y que, además, terminan lesionando los Derechos Humanos de las personas que, en teoría, tratamos de ayudar.

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[1] http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/salud_mental_documentos/09_saludmental_minsa2008.pdf

[2] Larco Herrera, Hermilio Valdizan y Honorio Delgado.