Comunicado de Prensa de la Sociedad Civil a los Gobiernos con vistas a la AGE-OEA Guatemala 2014

COMUNICADO DE PRENSA

 

Por un nuevo paradigma en las políticas de drogas:

un llamado de la sociedad civil a los Estados de la región

 

“Aportes de la Sociedad Civil a los Gobiernos con vistas a la Asamblea Extraordinaria sobre el Problema Mundial de las Drogas de OEA del 19 de septiembre de 2014 en Ciudad de Guatemala”.

2 de septiembre de 2014 – San José, Costa Rica

En el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Partiendo de los consensos logrados durante la Asamblea General de la OEA de junio de 2013 en La Antigua, Guatemala, plasmados en las “Recomendaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales” (OEA/Ser.G – CP/CISC-688/13), hacemos llegar a los Estados Miembros presentes en la 46ª Asamblea General Extraordinaria de la OEA, los siguientes aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas (OEA/Ser.P AG/CP/GT/RDA-3/14 rev. 7, 29 de agosto de 2014).

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización. Reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros todos los años en periodos ordinarios de sesiones y también en circunstancias especiales. Cada Estado tiene derecho a un voto. La Asamblea General decide la acción y la política general de la Organización, determina la estructura y funciones de sus órganos, aprueba su programa, presupuesto y considera cualquier asunto relativo a las relaciones entre los Estados Miembros.

 

Aportes sugeridos al Proyecto de Resolución

• Consideramos que el actual enfoque de las políticas de drogas, centradas mayormente en políticas represivas, es lo que genera mayor ruptura de lazos sociales, marginalización, estigmatización y discriminación.

• La aplicación de las convenciones sobre drogas de la ONU, debe estar sujeta a los estándares establecidos en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a cualquier política de drogas que los Estados lleven a cabo.

•  Se debe distinguir entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a las políticas de drogas. Si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalización y los enfoques punitivos de control, los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el abuso de las sustancias.

• Todos los cambios sobre políticas de drogas, actuales y futuras, bajo ninguna circunstancia deben causar o significar retrocesos en la democracia y el respeto a los derechos humanos; con la predisposición a explorar alternativas que busquen reducir la violencia y la militarización, incluyendo la posibilidad de que el Estado regule la disponibilidad –y por tanto el mercado– de ciertas drogas, no solo en lo referente al uso medicinal y de investigación.

• Reconocer que para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad, para lo cual demandamos cooperación para el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para tal fin.

• Es necesario diferenciar entre los distintos tipos de consumo, teniendo en cuenta que los problemáticos requieren una respuesta socio-sanitaria. (sin menoscabar la importancia de las políticas y acciones de prevención).  Los Estados deben poner especial atención en los dispositivos de proximidad, de intervención comunitaria, como las estrategias de reducción de riesgos y daños.  En este sentido, los Estados deben promover y fortalecer el desarrollo de dispositivos ambulatorios y de base comunitaria que se complementen con los de tipo residencial en una red de abordaje integral. Los dispositivos de atención a los usuarios deben basarse en fundamentos científicos y evidencia empírica ajustados a principios éticos, además de sancionar los servicios de salud que se presten por fuera de los marcos legales y no respeten los derechos humanos.

• Los Estados deben respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas. Los centros de tratamiento compulsivo deben ser suprimidos de las respuestas de salud pública.

• Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Se sugiere separar del campo penal y de la seguridad, el uso y consumo personal de las drogas. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente deben hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y de los  sistemas de justicia.

• Creemos conveniente que la Resolución inste a adoptar medidas innovadoras respecto de la actuación de los sistemas penales, que tengan por fin la reducción del hacinamiento carcelario y de las detenciones de usuarios por posesión de drogas, asegurando la proporcionalidad de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delito y estableciendo y ampliando las alternativas al encarcelamiento.. Ello, excluyendo la implementación de Cortes de Drogas y todo otro tipo de medidas que perpetúen la misma lógica represiva y mantengan al sistema penal como regulador de problemáticas socio-sanitarias, que deben ser gestionados por las áreas pertinentes de los Estados. Asimismo es necesaria la revisión de ejecución de penas para delitos relacionados con las drogas.

• Incorporar una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres.

• Reconocer la experimentación de modelos normativos de regulación de las drogas, dado que aquellos hasta ahora desarrollados por la región resultaron ser inefectivos, costosos y contraproducentes. La finalidad de estos modelos alternativos debe ser reducir la influencia que hoy tienen las organizaciones criminales, con graves efectos de violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.

•  Los Estados deben adoptar un enfoque integral en los programas de desarrollo alternativo a cultivos de uso ilícito, que tenga en cuenta la pobreza, exclusión social y abandono estatal de los cultivadores de la región.

•  Reconocer los usos tradicionales como el masticado y otros usos cotidianos de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Los potenciales usos terapéuticos deberían ser investigados.

•  La elaboración de un Plan de Acción Hemisférico de Prevención del Delito y la Violencia debe incluir, como uno de los factores que hoy contribuyen al incremento de la violencia y la delincuencia, las consecuencias de las actuales políticas de drogas o la llamada “Guerra contra las Drogas.

•  Alentar un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales, involucrando a todas las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas.

• Llamamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Mujeres, y CICAD, así como otras entidades pertinentes de la OEA tales como el Mecanismo de Evaluación Multilateral, establezcan y fortalezcan su colaboración permanente en el tema e incluyan la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos de las mujeres, en la adopción de medidas o políticas para abordar este tema, incluyendo la instrumentación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011-2015 y en el diseño del próximo Plan hemisférico 2016-2032.

  

Leer documento “Aportes de la sociedad civil (…)” completo:

http://conferenciadrogas.com/2014/wp-content/uploads/2014/09/Declaracion.-Aportes-de-las-OSC-con-vistas-a-AGE-2014.pdf

 

Organizaciones firmantes:

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Costa Rica

Asuntos del Sur (ADS), Chile

Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú

Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), República Dominicana

Colectivo por la una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Corporación Humanas, Chile

Corporación Humanas, Colombia

Dejusticia, Colombia

Drug Policy Alliance (DPA), E.E.U.U.

Equis, Justicia para las Mujeres, México

Espolea Asociación Civil, México

Fundación Nueva Oportunidad, Costa Rica

Fundación Quitu Raymi, Ecuador

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala

Intercambios Asociación Civil, Argentina

Intercambios, Puerto Rico

International Drug Policy Consortium (IDPC)

México Unido Contra la Delincuencia(MUCD)/Transform, México

Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), Bolivia

Puente, Investigación y Enlace (PIE), Bolivia

Proderechos, Uruguay

Psicotropicus, Centro Brasileiro sobre Políticas de Drogas, Brasil

Red Americana de Intervención en Situación de Sufrimiento Social (RAISSS)

Transnational Insitute (TNI), Países Bajos

Washington Office on Latin America (WOLA), E.E.U.U.

 

 

CONTACTOS DE PRENSA EN CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE:

 

Pablo Cymerman, Intercambios Asociación Civil +54 911 6100 3000 pablocymerman@gmail.com

Carmen Rosa de León, IEAPDES (+ 502) 52080607

Enrique Álvarez, Incidencia Democrática (IDEM) (+ 502) 57046391

COMUNICADO FRENTE A RENUNCIA DE PRESIDENTA DE DEVIDA – ¿FIN DEL SECUESTRO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS?

Fecha: 28 de mayo de 2014

Fuente: CIDDH

¿FIN DEL SECUESTRO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS?  EN BUSCA DE EFICIENCIA, PROPORCIONALIDAD Y COHERENCIA.

Acaba de producirse la renuncia de la Sra. Carmen Masías a la Presidencia de DEVIDA; con lo cual terminan dos años y tres meses de inacción, de falta de claridad y voluntad política para producir una Política sobre Drogas eficiente, sostenible, respetuosa y clara; en más de la primera mitad del gobierno de la “gran transformación” se ha perdido valioso tiempo para producir reformas en la gestión de los gobiernos regionales comprometidos, la reforma de la Justicia, la debilidad policial y la dependencia a la cooperación y posiciones externas.

Mientras otros países como EE.UU, Colombia, Guatemala y Uruguay han iniciado procesos de reforma clara a nivel interno (apoyados por el Informe Hemisférico de la OEA, la Declaración de Antigua de la cuadragésima tercer Asamblea General de la OEA del año 2013[1]), desde enero del 2012, el Perú se mantuvo errado, sin autonomía, apoyando viejas y obsoletas políticas de control y “guerra”, que no previenen ni reducen el problema de los usos y tráficos indebidos.

Seguridad y Justicia. El mal enfoque ha permitido el crecimiento de la gran criminalidad organizada y el lavado de activos, mientras se dedican gran parte de los escasos recursos en perseguir “pacotilla”, los últimos eslabones sociales (usuarios, burriers, mochileros); mientras en el campo, se amenaza  con erradicar cultivos de coca en una zona que no conviene confrontar –ni alimentar discursos violentistas-  sino, incorporar a un Estado de Derecho que le resuelva problemas; la experiencia en el mundo indica que ninguna erradicación forzosa funciona sin alternativas concretas a nivel agrario, comercial y financiero. Durante la gestión de la Señora Masías, se mantuvo errores garrafales en todos los campos administrativos, manteniendo el enfoque discursivo, represivo y asistencialista, de la Reducción de la Oferta, mientras que, en la práctica, la PNP/SBS/SUNAT/MP/PJ/INPE, es decir, nuestro sistema de política criminal, y particularmente el de control de insumos y lavado de dinero, han sido fácilmente desbordados por la corrupción, la ignorancia y la falta de voluntad política para rearmar al Estado peruano en su enfrentamiento con la criminalidad organizada:

Desarrollo Alternativo: El modelo agro exportador no es necesariamente la solución en la Selva Alta, ni tampoco el promovido por el extractivismo, los hidrocarburos y el gas. En la anterior gestión, no se corrigieron los problemas que tiene el MEF, el Presupuesto  y la Administración Pública en general para fortalecer e impulsar programas de desarrollo local, salvo articulándose a los precios internacionales del café y cacao (ahora, la afectación de la roya es grave). Somos los primeros productores mundiales de coca y de PBC, nuestras políticas de erradicación de cultivos no consiguen detener la producción intensiva de droga; ENACO no se ha potenciado ni reformado y el futuro no es claro: confluencia de tráficos, nuevo escenario hacia Brasil y convulsión en la Selva Alta del sur andino. En especial, ha habido una incapacidad estatal para ingresar desde la Democracia, el Derecho y el Desarrollo al VRAEM, lo que deja esta zona sino con soluciones militares y policivas.

Salud Mental, A pesar de ser la especialidad de la Sra. Masías, no se pudo siquiera empezar a resolver el desmadre producido por el ex presidente Alan García que dejó en manos privadas (y sin control del MINSA) la atención terapéutica (Ley 29765 y su Reglamento, D.S. 006-2012-SA);  lo que explica en parte la catástrofe producida en el verano de 2012 con 43 muertos en dos centros terapéuticos de Lima. Carecemos de una Ley  y de un Sistema de Salud Mental que lo respalde (solo tenemos 4 instituciones con capacidad de albergue).

Relaciones Internacionales. En este período, el Perú representado frecuentemente por la Sra. Masías y su equipo de CEDRO, CONSULTANDES, se ha opuesto en todos los foros internacionales posibles (CICAD-OEA, CELAC, UNASUR, ONU, G77) a las posiciones progresistas de reforma en los campos de la Salud, la Seguridad y Justicia, y, las Relaciones Internacionales. En el camino, ha cometido gruesos errores diplomáticos en contra de nuestros vecinos y países hermanos, pretendiendo imponer su punto de vista.

Solicitamos al nuevo Presidente Ejecutivo, que lea con calma este documento, que impulse todas las acciones correctivas necesarias –en el cortísimo y mediano plazo- para impedir la continuidad de las mafias que se mueven alrededor del Control de Drogas y el Desarrollo Alternativo y nuestra actual dependencia a otros Estados, sus políticas exteriores y a organismos internacionales.

 

Lima, 28 de mayo del 2014

 

[1] Ambos documentos pueden revisarse, respectivamente, en los siguientes enlaces: http://druglawreform.info/images/stories/documents/Informe-OEA_Escenarios-para-el-problema-de-las-drogas.pdf y http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010

CIDDH sobre caída de MOVADEF

Fecha: 15 de abril de 2014

Fuente: Captura de El Comercio.

La semana pasada fueron detenidos 28 miembros del MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso, en la operación denominada “Perseo 2014”. En recientes investigaciones periodísticas se ha señalado que fuentes de la DIRANDRO han confirmado la existencia de “pruebas contundentes que demostrarían que los dirigentes del MOVADEF recibieron dinero del narcotráfico, a través del camarada «Artemio», para reagrupar al grupo pro terrorista”[1]. Esta situación evidencia que el fenómeno del narcotráfico, lejos de disminuir, continúa su crecimiento y expansión a través de diversos canales de cooptación con miras a penetrar y permear al Estado.

Así mismo, los reportes mencionados dan cuenta de la existencia de un colaborador eficaz que ha sido clave para las investigaciones respectivas y la operación en sí misma. Frente a esta situación, es necesario, en primer lugar, señalar el aspecto positivo de la intervención, pues esta representa un duro golpe a los intentos de reorganización política del grupo terrorista. No obstante, es importante mencionar que la figura del colaborador eficaz genera dudas y desaciertos respecto a las detenciones realizadas y desde la perspectiva del derecho penal garantista.

En situaciones y fenómenos complejos (como son el terrorismo y el narcotráfico), la colaboración eficaz tiende a ser peligrosa y ambigua como instrumento sólido de investigación policial, ya que, por la misma naturaleza conflictiva de estos delitos, se podría terminar acusando a civiles inocentes como estrategia de distracción. En estos casos, la vulneración a derechos fundamentales podría constituirse como una práctica frente a la cual se produzcan serias denuncias contra el Estado peruano.

Un caso similar llegó a suceder en la Operación “Eclipse 201”0, donde luego de la detención de 42 cocaleros en Aucayacu, Tingo María, Monzón y Tocache, varios de ellos resultaron inocentes por falta de elementos probatorios. No necesariamente los anuncios policiales que aparecen en la TV, son señal de un triunfo en los espacios judiciales.

En este caso particular, creemos que investigaciones más profundas deben llevarse a cabo a fin de lograr la desarticulación de cualquier vínculo terrorista y, así mismo, continuar con la labor de desenmarañar las redes complejas del tráfico ilícito de drogas que, lamentablemente y por falta de voluntad política del gobierno, continúa su crecimiento en nuestro país.

[1] http://www.rpp.com.pe/2014-04-14-dirandro-esta-probado-que-movadef-recibio-dinero-del-narcotrafico-noticia_684272.html

¡Descarga!: El análisis de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

Fecha: 08 de abril de 2014

El último 25 de abril se presentaros seis organizaciones de la sociedad civil (representando a 17 organizaciones latinoamericanas) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública que tocaba el tema relativos a las drogas y los derechos humanos. Durante la sesión, se le alcanzó a los comisionados (quienes mostraron completa disposición a abordar el tema de manera integral) un documento que contenía el análisis de las organizaciones civiles sobre el problema mundial de las drogas y las políticas hasta ahora impartidas, además de un petitorio que contenía unos lineamientos de acción para la Comisión.

El documento puede ser descargado haciendo clic aquí.

Este es el vídeo de nuestra presentación (junto con la del resto del equipo) en la audiencia temática:

Si deseas más información sobre estos procesos, la política exterior peruana y las relaciones internacionales en materia de tráfico ilícito de drogas, contáctanos.

 

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