Fuente: CIDDH
Fecha: 9 de junio del 2015
Como anteriores gobiernos, la administración Humala ve con espasmo el deterioro de la seguridad ciudadana en el país, sin haber emprendido reformas estructurales largamente requeridas en la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, como lo demuestran la creciente informalidad e ilegalidad, los feminicidios, invasiones, asesinatos violentos, falsificaciones, y corrupción generalizada.
Más bien, opta por el camino más sencillo y equivocado, incrementar las penas, reducir los beneficios procesales y penitenciarios, ampliando el espectro de punición penal, creyendo ilusamente que con ello va a impedir el aumento de la criminalidad y delincuencia. La clase política, no quiere darse cuenta que nuestro sistema penal “hace agua” y hace rato que está desbordado, por cuestiones de estructura, corrupción y ausencia de prevención. Peor aún, en el colmo de la desfachatez y dejando su obligación de conducir a sus comunidades, ciertos Alcaldes distritales en Lima, piden la presencia de las FF.AA para resguardar las calles. La propia opinión pública se deja conducir por la corriente punitiva, cuando solicita más “mano dura”; en una reciente encuesta, el 70% considera que estamos en riesgos de ser un “narco Estado”.
Suena fácil, pero no es coherente. Ya hay varias regiones del país que se han acostumbrado a convivir en permanente estado de emergencia en escenarios militarizados donde el alto mando militar se convierte en un espacio fuera del Estado de Derecho: no son responsables, desconfían del Poder Judicial y producen todo tipo de corruptelas impunes. El mismo Presidente Humala confía más en sus “guardias pretorianos” antes que en la ciudadanía ni en su Policía.
No se dan cuenta los asesores del Presidente, los congresistas, ni magistrados, que el problema de la extorsión, la alta dosis de hurtos, robos, el sicariato y la violencia en las calles de Lima, el Norte del país, está más relacionada a cuestiones más profundas que se encuentran en la sociedad peruana: el abandono de la familia, la pésima situación del sistema escolar, los efectos entre la juventud de la prensa amarilla y sobretodo, la falta de oportunidades laborales para la juventud peruana. En este sentido, el período de crecimiento (1992-2010) tuvo impactos en la reducción de la pobreza, pero no en el aumento de oportunidades para grupos vulnerables. La gestión pública no le da tiempo a estos verdaderos problemas nacionales.
Pronunciamento completo: PRONUNCIAMIENTO CIDDH SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y FFAAR
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 