Fuente: CIDDH
Fecha: 6 de octubre de 2015
En los diversos casos que tuve como abogado de la Línea Verde me tocó lidiar con policías, fiscales y jueces.
A nivel de la policía el trato es pésimo, mayoritariamente corrupto, insinúan sutilmente o piden sin tapujo alguno dinero, asustan a los usuarios con temas como: antecedentes, detención policial de 15 días, prisión preventiva, comunicar a su familia que son consumidores de marihuana.
A nivel del MP, los fiscales que van a las comisarías no tienen decisión propia, todo lo consultan con el Fiscal titular y ello genera demora en las decisiones y que siga afectándose innecesariamente la libertad de las personas, en la mayoría de los casos no sustentan adecuadamente sus dictámenes; asimismo cubren los malos actos de la policía.
A nivel del PJ, existe decidía de revisar adecuadamente el expediente, parten en muchos casos de considerar culpable a una persona si ésta no demuestra su inocencia. No toman en cuenta la presunción de inocencia, no valoran adecuadamente los medios de prueba. Cubre al Fiscal, pues en muchos casos el Fiscal no tiene pruebas y la defensa sí, sin embargo el Juez da valor probatorio –cuando legalmente no lo tiene a la investigación policial la cual casi siempre es en contra del imputado.
El impacto de nuestra labor considero que ha sido pequeña pero importante, lográndose en los casos en los que hemos-desde su inicio participado, el cese de la afectación de la libertad de los usuarios, considero necesario que independientemente que los usuarios conozcan sus derechos, tengan una ayuda legal de un abogado para que pueda exigir el respeto de estos derechos, pues las autoridades cuando conocen que están asesorados realizan menos actos arbitrarios.
En los casos que hemos visto siempre hemos metido en el debate que la sola posesión -independientemente de la cantidad – no es delito, sino los que constituye delito es el fin posterior de tráfico.
A nivel policial y fiscal, existe una posibilidad de lograr a nivel macro un mayor resultado, teniendo una conducta más confrontacional, no obstante esta opción podría afectar al comienzo a algunos usuarios en particular pero a futuro ayudaría a los usuarios en general.
Dicha posibilidad consiste en interponer un HC en TODOS los casos y APENAS se conozca una intervención de un evidente consumidor o usuario, es decir, NO SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN LA COMISARÍA SINO DE FRENTE INTERPONER UN HC, con ello no caemos en la sustracción de la materia y buscamos un pronunciamiento constitucional que frene a la policía, el punto en contra estaría en que los intervenidos cuyos casos sirvan de base para los HC, no solucionaran rápidamente y de inmediato su problema, sino después de algunos días.
A nivel judicial, existen también posibilidades de lograr a nivel macro un mayor resultado, se debe participar en los plenos anuales que realiza la Corte Suprema y presentarles nuestras propuestas sobre temas de drogas, para ello únicamente necesitamos contar con logística pertinente.
Otra opción en la vía judicial sería buscar casos representativos que se tramiten con el Nuevo Código Procesal Penal, y plantear casaciones con la finalidad que la Corte Suprema establezca doctrina jurisprudencial sobre temas de TID, tal como el nuevo código procesal lo permite.
De otro lado el CIDDH propiamente debería realizar: i.Conferencias informativas dirigidas a usuarios de marihuana y a familiares de usuarios, en las que se les informe -entre otros- el tema jurídico de la posesión no punible, informándoles sobre el tema procesal. Incluso consejos para que en el caso de tener problemas tengan como acreditar arraigo y disminuir las posibilidades de prisión preventiva, ii.Divulgar información a la ciudadanía respecto al tema de usuarios de marihuana y la no punibilidad del consumo, iii. Se realice una revista con artículos escritos por jueces, fiscales y abogados sobre demás de TID, para que en los procesos judiciales podamos argumentar sustentando nuestra posición en criterios de la comunidad jurídica.
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 