Fecha: 13 de marzo de 2014
Introducción
El reciente informe de la JIFE se presenta en un contexto en el cual, a nivel internacional, se plantea una fuerte cantidad de reformas en torno a las mejores estrategias de lucha contra las drogas. Al respecto, en su análisis, la Junta “observa con preocupación” todos y cada uno de los intentos soberanos de revisión y modificación legislativa orientados a alguna regulación liberal del consumo (y del comercio) de estupefacientes. Esta observancia, consideramos, responde a las posiciones conservadoras que, a través de los años, han priorizado el control de la oferta y otras herramientas represivas que no han solucionado, de forma sostenible, el problema mundial de las drogas.
Además, el informe en cuestión parte de algunos supuestos que resultan seriamente debatibles. No obstante, y sin considerar el aspecto hipotético, la Junta elabora una serie de recomendaciones a los Estados basadas en dichos supuestos, reforzando así el régimen internacional de las drogas e instando, en repetidas ocasiones, a que estos no se desvíen de las convenciones y tratados internacionales que rigen esta materia.
Sin embargo, el informe también señala algunas cuestiones de responsabilidad estatal que, de ser optimizadas, tendrían un alto impacto en la lucha contra las drogas. En tal sentido, aspectos como prevención, rehabilitación con reinserción social y soluciones al sistema penitenciario y judicial se constituyen como los principales ejes conexos que deben ser reforzados a fin de garantizar la sostenibilidad de cualquier estrategia realista de lucha contra el narcotráfico.
Sobre los costos económicos
En una generalización inexacta, el informe de la JIFE plantea que “las personas que se hallan bajo la influencia de las drogas plantean graves riesgos para la seguridad de las personas que las rodean y para el medio ambiente y generan costos considerables”. La forma en la cual esta oración está redactada sugiere que existe una correlación causal entre usuarios de drogas y vulneración a la seguridad de terceros. En otras palabras, todo usuario de drogas representa un peligro inminente para la sociedad. El problema con esta afirmación radica en que, si bien existen delitos asociados al consumo problemático de drogas (tanto legales como ilegales), se está dejando de lado una buena parte de usuarios recreativos y/o ocasionales que no representan ningún riesgo de afectación o vulneración leyes vigentes. Además, el comportamiento de un individuo expuesto a alguna droga determinada variará en función a su resistencia (y reacción) biológica y a su capacidad psicológica para auto-controlarse.
De esa forma, si el comportamiento de un individuo depende de su tolerancia o adecuación a alguna droga determinada, resulta inexacto afirmar que, dado que existen usuarios de drogas que mantienen una relación con la comisión de delitos, todos los usuarios de drogas hacen lo mismo. De lo que sí puede hablarse es de algún nivel de asociación (que variará de acuerdo a la circunscripción en la que se mida), más no de alguna correlación causal.
El informe en cuestión establece algunas clasificaciones en torno a la asociación “drogas y delito”. En primer lugar, califica al “delito psicofarmacológico” como aquel donde existe violencia asociada al consumo de drogas. En segundo lugar, existe el “delito económico-compulsivo”, donde los delincuentes recurren a la violencia para sufragar el costo de sus drogas. Por último, se presenta el “delito sistémico” en el cual hay disputas entre consumidores y/o vendedores por transacciones insatisfechas. Esta clasificación resulta pertinente dado que nos ayuda a identificar y prevenir, mediante políticas de Estado, las causas que conllevan a la peligrosa asociación de “drogas y delito”. En la primera clasificación, resulta claro que la prevención tiene que ver con el elemento sicológico. Aquí el Estado podría intervenir a través de la educación (respecto a advertencias sobre consumo de sustancias ilícitas y comportamientos que contravengan la legislación vigente). En el segundo caso, la prevención de esta clase de delitos tendría que ver con aspectos económicos. El Estado debería, mediante políticas económicas efectivas, lograr y garantizar la inclusión y el desarrollo sostenible de sus más necesitados, brindando así más oportunidades para poblaciones vulnerables de escasos recursos. Por último, en relación al delito sistémico, la prevención tiene que ver con un aspecto de intervención estatal, el mismo que parte desde mayor presencia de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley hasta la evaluación de regulación de mercados ilegales.
En relación a los delitos mencionados, el informe señala que los costos generados por estos delitos están relacionados con la carga de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de las autoridades judiciales. En ese sentido, se reconoce que los Estados deben emprender una serie de reformas orientadas a aliviar la carga judicial y policial de la mejor forma posible. Cabe mencionar que la regulación del consumo de ciertas sustancias (como cannabis) podría aliviar dichas cargas al hacer que los esfuerzos estatales se concentren en las actividades criminales de las bandas organizadas y no en los eslabones más vulnerables de la cadena del tráfico ilícito de drogas (como los consumidores, por ejemplo), reorientando y utilizando mejor los escasos recursos que poseen.
Algunos supuestos
Resulta erróneo para cualquier investigación objetiva partir de supuestos para elaborar recomendaciones y/o conclusiones en torno a un tema tan delicado como el tráfico ilícito de drogas. Si bien el informe de la JIFE no pretende ser un documento de investigación científica per sé, carece de ciertos elementos lógico/argumentativos que le brindan rigor a cualquier informe de repercusión internacional.
Se señala, así, que “la legalización de las drogas no garantizaría el cese de su venta en los mercados clandestinos”. Pareciera que tal enfática afirmación hubiera sido sometida a varios procesos de testeo y comprobación por trabajo de campo. ¿Lo ha sido? Nos preguntamos. Al respecto, el informe menciona que, así se legalicen las drogas, los mercados clandestinos seguirán operando a través del contrabando tal y como sucede en algunos países con el tabaco. Efectivamente, sucede con el tabaco, con el alcohol, con las bebidas gaseosas, con las películas piratas, con los juegos de video, etc. El punto central es que el contrabando representa un reto que acarrea una responsabilidad distinta al Estado. Está presente en casi todos los artículos comercializables y no debe considerarse como un obstáculo para el proceso de regulación de mercados ilegales.
Otro supuesto del informe hace referencia a que “la venta de drogas ilícitas no es la única fuente de ingresos de las organizaciones delictivas”. Efectivamente, existen organizaciones delictivas con múltiples ramas (¿gerencias?) dedicadas y especializadas en varios delitos. Sí, es posible. Pero si el Estado ataca, mediante la regulación, un ingreso alto (posiblemente el más grande dada la rentabilidad del tráfico ilícito de drogas), podría formarse un incentivo fuerte para cambiar de actividad ilegal (no necesariamente disolver el grupo criminal). En este caso, entrarían a tallar otras políticas de Estado para la prevención de otros delitos.
El supuesto que más controversia causa es el de la correlación causal “regulación y consumo”. Es decir, para el informe de la JIFE, la regulación aumentará el consumo y la dependencia. Aquí nos preguntamos una vez más si es que existe evidencia científica que demuestre la correlación causal entre Estados que han emprendido caminos orientados hacia la regulación y niveles de consumo. Y si es que los hay, es porque el proceso de regulación no ha ido acompañado de una serie de medidas preventivas orientadas a reducir el consumo de sustancias consideradas como ilegales. Así mismo, es probable que algunas legislaciones relativas a la regulación no hayan tomado en cuenta algunos aspectos importantes y ostenten falencias que derivan en el crecimiento del consumo o la alteración del orden público (como la venta a extranjeros, por ejemplo).
Algunas cuestiones adicionales
El informe en cuestión establece que el sistema de justicia podría ser más eficiente, disuadir el uso indebido de drogas y ofrecer distintas alternativas al encarcelamiento. En ese sentido, se señala que la proporcionalidad debe respetarse. Sin embargo, el organismo se pronuncia a favor de los tribunales especializados en el tratamiento de la drogodependencia, pues “aplican sanciones rápida y livianas combinadas con el tratamiento y los análisis para detectar el consumo de drogas, con objeto de promover la abstinencia, reducir la delincuencia y promover la reinserción social”. Al respecto, resulta propicio mencionar algunos aspectos. El tema de los tribunales debe ser mejor analizado a la luz de experiencias recientes. En ese sentido, debe tomarse en cuenta el aspecto de la voluntariedad efectiva para llevar a cabo un tratamiento de reducción del consumo de las drogas. Recordemos que la privación de libertad por tratamiento o rehabilitación vulnera severamente los Derechos Humanos al tratarse de una suerte de “encarcelamiento por enfermedad”, como lo es la adicción.
Sobre las recomendaciones del informe
El informe de la JIFE elabora una serie de recomendaciones para los Estados que aparentan ser más de lo mismo, ya que están basadas en los supuestos antes mencionados y van de acuerdo a las posiciones tradicionales y conservadoras de la lucha contra las drogas. La única postura controversial y, que vale la pena analizar, es la referente al mercado de cannabis (a propósito de la regulación en Uruguay).
El informe de la JIFE resalta algunos logros (en materia de cooperación e interdicción) de países como el Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia, pero critica el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis en Uruguay. En ese sentido, “preocupa a la Junta el hecho de que algunos de los Estados partes en la Convención de 1961 están examinando propuestas legislativas que tienen por objeto regular el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos” y, por consiguiente, “la Junta insta a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a que examinen detenidamente los efectos negativos de esas propuestas”.
Si bien la JIFE representa el órgano máximo de fiscalización mundial del problema de las drogas, esta responde a una filosofía que, a lo largo de las últimas décadas, ha estado alineada con el prohibicionismo conservador que no ha conseguido resultados positivos y sostenibles a largo plazo en lo que a este fenómeno respecta. En ese sentido, cualquier cambio al actual régimen internacional de las drogas (que tiene estas mismas características) será visto con recelo y desconfianza por este organismo.
En los últimos días, a propósito de las elecciones de octubre próximo, se han visto casos que han dado cuenta de la relación que existe entre el narcotráfico y algunos elementos de la política peruana. Sin duda alguna, el caso más sonado hace referencia al hallazgo de media tonelada de clorhidrato de cocaína en la van de un candidato de Fuerza Popular (fujimorismo) a la alcaldía provincial de Barranca. No obstante, otros casos más recientes han involucrado a partidos como Alianza Por el Progreso y al APRA, evidenciando aún más la complejidad de un fenómeno que resulta altamente peligro para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 