Putumayo: ¿buenas estrategias binacionales?

Fecha: 01 de octubre de 2014

Fuente: Redacción CIDDH

Fuente: Andina. Tomado de RPP.

El martes pasado, los presidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Ollanta Humala (Perú) firmaron una serie de convenios (once, en total) en los que se comprometieron a reforzar la cooperación bilateral en una serie de materias específicas. En general, los mandatarios cristalizaron acuerdos referidos a poblaciones vulnerables, intercambios científicos y tecnológicos, preservación de recursos forestales, gestión de riesgo de desastres, impulso de minería, modernización estatal, entre otros. En concreto, para el tema del tráfico ilícito de drogas (y aunque no hubo un acuerdo escrito al respecto) los gobiernos se comprometieron a “limpiar el Putumayo de criminalidad y de delincuencia, pero también de pobreza e inequidad.

Resulta digno de rescatar que las estrategias para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas contengan elementos no solo represivos (erradicación, interdicción, control de criminalidad), sino también herramientas que busquen la reducción de pobreza, inequidad y la inclusión social de poblaciones que, por cuestiones geográficas, han sido tradicionalmente dejadas de lado por los Estados. Tras la identificación de las principales actividades ilícitas (narcotráfico, tala ilegal, minería criminal) que han visto en estas localidades un terreno fértil para la comisión de sus delitos, es necesario que ambos gobiernos establezcan mecanismos de coordinación y estrecha cooperación interinstitucional para frenarlas. El desarrollo sostenido local es una pieza clave y fundamental para lograr un mayor compromiso al rechazo de fenómenos ilegales.

Los once acuerdos cristalizados son reflejo de la voluntad política de ambos gobiernos para dicho desarrollo. No obstante, a las ya existentes herramientas de cooperación militar y policial, debe hacerse la salvedad (y advertencia) de los riesgos de la militarización en zonas altamente pobladas. Creemos certeramente que un plan coordinado que permita la progresivamente la inclusión de la población y su desarrollo debe estar acompañado de la inculcación de valores democráticos y el fundamental respeto a las libertades y los derechos humanos. Es por eso que la labor de control del fenómeno del tráfico ilícito de drogas no es una tarea fácil, pero sí realizable.

La interacción social en la zona del Putumayo y otros puntos fronterizos debe ser analizada cuidadosamente para poder desmembrar redes enteras de organizaciones criminales sin dañar la composición social de las localidades (prevención de militarización y alteraciones a los Derechos fundamentales). Así mismo,  otros puntos de especial importancia en el Brasil y Bolivia deben ser prioritarios para establecer este tipo de estrategias integrales, a fin de evitar el continuo traslado de droga que forma parte del Corredor Sur investigado por el CIDDH. Cabe mencionar que, para el caso colombiano, el acuerdo logrado a mediados de este año con las FARC sobre el tema drogas ilícitas debiera contribuir en gran medida a la reducción de este fenómeno. Habrá que esperar los resultados que arrojen las mediciones y las actividades de fiscalización gubernamental.

Adicionalmente, es importante señalar que, a nivel regional, el gran “exportador” de seguridad (a pesar de tener un discurso más liberal sobre el tema de las drogas) ha sido, precisamente, Colombia, después de (y muchas veces en cooperación con) Estados Unidos. Nos cuestionamos aquí acerca de la latencia del surgimiento de un nuevo escenario (de cara a las próximas elecciones en el Brasil) en donde esta potencia intermedia se sume a las actividades de seguridad, logrando configurar una arena un poco difícil para el desarrollo sostenible local antes mencionado en las principales zonas fronterizas.

Análisis del informe anual de la JIFE (ONU) 2013 – (marzo, 2014)

Fecha: 13 de marzo de 2014

Introducción

El reciente informe de la JIFE se presenta en un contexto en el cual, a nivel internacional, se plantea una fuerte cantidad de reformas en torno a las mejores estrategias de lucha contra las drogas. Al respecto, en su análisis, la Junta “observa con preocupación” todos y cada uno de los intentos soberanos de revisión y modificación legislativa orientados a alguna regulación liberal del consumo (y del comercio) de estupefacientes. Esta observancia, consideramos, responde a las posiciones conservadoras que, a través de los años, han priorizado el control de la oferta y otras herramientas represivas que no han solucionado, de forma sostenible, el problema mundial de las drogas.

Además, el informe en cuestión parte de algunos supuestos que resultan seriamente debatibles. No obstante, y sin considerar el aspecto hipotético, la Junta elabora una serie de recomendaciones a los Estados basadas en dichos supuestos, reforzando así el régimen internacional de las drogas e instando, en repetidas ocasiones, a que estos no se desvíen de las convenciones y tratados internacionales que rigen esta materia.

Sin embargo, el informe también señala algunas cuestiones de responsabilidad estatal que, de ser optimizadas, tendrían un alto impacto en la lucha contra las drogas. En tal sentido, aspectos como prevención, rehabilitación con reinserción social y soluciones al sistema penitenciario y judicial se constituyen como los principales ejes conexos que deben ser reforzados a fin de garantizar la sostenibilidad de cualquier estrategia realista de lucha contra el narcotráfico.

Sobre los costos económicos

En una generalización inexacta, el informe de la JIFE plantea que “las personas que se hallan bajo la influencia de las drogas plantean graves riesgos para la seguridad de las personas que las rodean y para el medio ambiente y generan costos considerables”. La forma en la cual esta oración está redactada sugiere que existe una correlación causal entre usuarios de drogas y vulneración a la seguridad de terceros. En otras palabras, todo usuario de drogas representa un peligro inminente para la sociedad. El problema con esta afirmación radica en que, si bien existen delitos asociados al consumo problemático de drogas (tanto legales como ilegales), se está dejando de lado una buena parte de usuarios recreativos y/o ocasionales que no representan ningún riesgo de afectación o vulneración leyes vigentes. Además, el comportamiento de un individuo expuesto a alguna droga determinada variará en función a su resistencia (y reacción) biológica y a su capacidad psicológica para auto-controlarse.

De esa forma, si el comportamiento de un individuo depende de su tolerancia o adecuación a alguna droga determinada, resulta inexacto afirmar que, dado que existen usuarios de drogas que mantienen una relación con la comisión de delitos, todos los usuarios de drogas hacen lo mismo. De lo que sí puede hablarse es de algún nivel de asociación (que variará de acuerdo a la circunscripción en la que se mida), más no de alguna correlación causal.

El informe en cuestión establece algunas clasificaciones en torno a la asociación “drogas y delito”. En primer lugar, califica al “delito psicofarmacológico” como aquel donde existe violencia asociada al consumo de drogas. En segundo lugar, existe el “delito económico-compulsivo”, donde los delincuentes recurren a la violencia para sufragar el costo de sus drogas. Por último, se presenta el “delito sistémico” en el cual hay disputas entre consumidores y/o vendedores por transacciones insatisfechas. Esta clasificación resulta pertinente dado que nos ayuda a identificar y prevenir, mediante políticas de Estado, las causas que conllevan a la peligrosa asociación de “drogas y delito”. En la primera clasificación, resulta claro que la prevención tiene que ver con el elemento sicológico. Aquí el Estado podría intervenir a través de la educación (respecto a advertencias sobre consumo de sustancias ilícitas y comportamientos que contravengan la legislación vigente). En el segundo caso, la prevención de esta clase de delitos tendría que ver con aspectos económicos. El Estado debería, mediante políticas económicas efectivas, lograr y garantizar la inclusión y el desarrollo sostenible de sus más necesitados, brindando así más oportunidades para poblaciones vulnerables de escasos recursos. Por último, en relación al delito sistémico, la prevención tiene que ver con un aspecto de intervención estatal, el mismo que parte desde mayor presencia de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley hasta la evaluación de regulación de mercados ilegales.

En relación a los delitos mencionados, el informe señala que los costos generados por estos delitos están relacionados con la carga de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de las autoridades judiciales. En ese sentido, se reconoce que los Estados deben emprender una serie de reformas orientadas a aliviar la carga judicial y policial de la mejor forma posible. Cabe mencionar que la regulación del consumo de ciertas sustancias (como cannabis) podría aliviar dichas cargas al hacer que los esfuerzos estatales se concentren en las actividades criminales de las bandas organizadas y no en los eslabones más vulnerables de la cadena del tráfico ilícito de drogas (como los consumidores, por ejemplo), reorientando y utilizando mejor los escasos recursos que poseen.

Algunos supuestos

Resulta erróneo para cualquier investigación objetiva partir de supuestos para elaborar recomendaciones y/o conclusiones en torno a un tema tan delicado como el tráfico ilícito de drogas. Si bien el informe de la JIFE no pretende ser un documento de investigación científica per sé, carece de ciertos elementos lógico/argumentativos que le brindan rigor a cualquier informe de repercusión internacional.

Se señala, así, que “la legalización de las drogas no garantizaría el cese de su venta en los mercados clandestinos”. Pareciera que tal enfática afirmación hubiera sido sometida a varios procesos de testeo y comprobación por trabajo de campo. ¿Lo ha sido? Nos preguntamos. Al respecto, el informe menciona que, así se legalicen las drogas, los mercados clandestinos seguirán operando a través del contrabando tal y como sucede en algunos países con el tabaco.  Efectivamente, sucede con el tabaco, con el alcohol, con las bebidas gaseosas, con las películas piratas, con los juegos de video, etc. El punto central es que el contrabando representa un reto que acarrea una responsabilidad distinta al Estado. Está presente en casi todos los artículos comercializables y no debe considerarse como un obstáculo para el proceso de regulación de mercados ilegales.

Otro supuesto del informe hace referencia a que “la venta de drogas ilícitas no es la única fuente de ingresos de las organizaciones delictivas”. Efectivamente, existen organizaciones delictivas con múltiples ramas (¿gerencias?) dedicadas y especializadas en varios delitos. Sí, es posible. Pero si el Estado ataca, mediante la regulación, un ingreso alto (posiblemente el más grande dada la rentabilidad del tráfico ilícito de drogas), podría formarse un incentivo fuerte para cambiar de actividad ilegal (no  necesariamente disolver el grupo criminal). En este caso, entrarían a tallar otras políticas de Estado para la prevención de otros delitos.

El supuesto que más controversia causa es el de la correlación causal “regulación y consumo”. Es decir, para el informe de la JIFE, la regulación aumentará el consumo y la dependencia. Aquí nos preguntamos una vez más si es que existe evidencia científica que demuestre la correlación causal entre Estados que han emprendido caminos orientados hacia la regulación y niveles de consumo. Y si es que los hay, es porque el proceso de regulación no ha ido acompañado de una serie de medidas preventivas orientadas a reducir el consumo de sustancias consideradas como ilegales. Así mismo, es probable que algunas legislaciones relativas a la regulación no hayan tomado en cuenta algunos aspectos importantes y ostenten falencias que derivan en el crecimiento del consumo o la alteración del orden público (como la venta a extranjeros, por ejemplo).

Algunas cuestiones adicionales

El informe en cuestión establece que el sistema de justicia podría ser más eficiente, disuadir el uso indebido de drogas y ofrecer distintas alternativas al encarcelamiento. En ese sentido, se señala que la proporcionalidad debe respetarse. Sin embargo, el organismo se pronuncia a favor de los tribunales especializados en el tratamiento de la drogodependencia, pues “aplican sanciones rápida y livianas combinadas con el tratamiento y los análisis para detectar el consumo de drogas, con objeto de promover la abstinencia, reducir la delincuencia y promover la reinserción social”. Al respecto, resulta propicio mencionar algunos aspectos. El tema de los tribunales debe ser mejor analizado a la luz de experiencias recientes. En ese sentido, debe tomarse en cuenta el aspecto de la voluntariedad efectiva para llevar a cabo un tratamiento de reducción del consumo de las drogas. Recordemos que la privación de libertad por tratamiento o rehabilitación vulnera severamente los Derechos Humanos al tratarse de una suerte de “encarcelamiento por enfermedad”, como lo es la adicción.

Sobre las recomendaciones del informe

El informe de la JIFE elabora una serie de recomendaciones para los Estados que aparentan ser más de lo mismo, ya que están basadas en los supuestos antes mencionados y van de acuerdo a las posiciones tradicionales y conservadoras de la lucha contra las drogas. La única postura controversial y, que vale la pena analizar, es la referente al mercado de cannabis (a propósito de la regulación en Uruguay).

El informe de la JIFE resalta algunos logros (en materia de cooperación e interdicción) de países como el Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia, pero critica el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis en Uruguay. En ese sentido, “preocupa a la Junta el hecho de que algunos de los Estados partes en la Convención de 1961 están examinando propuestas legislativas que tienen por objeto regular el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos” y, por consiguiente, “la Junta insta a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a que examinen detenidamente los efectos negativos de esas propuestas”.

Si bien la JIFE representa el órgano máximo de fiscalización mundial del problema de las drogas, esta responde a una filosofía que, a lo largo de las últimas décadas, ha estado alineada con el prohibicionismo conservador que no ha conseguido resultados positivos y sostenibles a largo plazo en lo que a este fenómeno respecta. En ese sentido, cualquier cambio al actual régimen internacional de las drogas (que tiene estas mismas características) será visto con recelo y desconfianza por este organismo.

Tráfico de cocaína, principal causa de violencia en ciudades latinas

Expertos analizan dinámicas de la criminalidad de Medellín, Bogotá, Río de Janeiro y Ciudad Juárez.

La violencia y la criminalidad en las principales ciudades latinoamericanas son la representación –en la mayoría de los casos– de la guerra por el tráfico de cocaína.

A esa conclusión se llegó en el seminario internacional ‘Ciudad latinoamericana: crimen, violencias y alternativas comunitarias de seguridad’, realizado en Medellín.

En este, cuatro expertos analizaron las dinámicas delincuenciales de Río de Janeiro (Brasil), Ciudad Juárez (México), Medellín y Bogotá (Colombia).

Las similitudes –a excepción de Bogotá (ver anexa)— son más que las diferencias. En esas tres ciudades confluye un control territorial de los criminales en estratégicas zonas de las ciudades donde ejercen autoridad.

Medellín es el caso más complejo. Al igual que Ciudad Juárez, la capital antioqueña es controlada por dos grandes estructuras: la ‘oficina de Envigado’ y los ‘Urabeños’.

Estas agrupan 19 Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odin) que financian a más de 100 combos que hay en las comunas, los cuales –al igual que en las favelas de Río de Janeiro– son los responsables del microtráfico y la extorsión, además de ser los brazos armados de esas organizaciones.

Ana María Jaramillo, investigadora de la Corporación Región, explica que a la par que la ciudad sobresale por sus transformaciones urbanísticas “la delincuencia también se caracteriza por su nivel de innovación”.

Inclusive, en julio de este año se conoció de un ‘pacto de fusiles’ el cual, según ella, ya está dando resultados.

En los últimos 30 años la ciudad no presentaba cifras tan bajas como las de octubre pasado cuando hubo 44 asesinatos mientras que en el mismo mes de 2012 llegaron a los 121.

Si se mantiene la línea, las autoridades creen no sobrepasar los 1.000 casos este año. El pasado año llegaron a 1.256 (una tasa de 52,49 por cada 100.000 habitantes pcch), según datos de Medicina Legal.

Jaramillo sostuvo que aunque no se puede negar que las políticas de la Alcaldía han influenciado en la reducción, la orden impartida por los hoy “invisibles” capos de los ‘Urabeños’ y la ‘oficina’, son la principal razón.

Eso la acerca a la realidad de las favelas de Río de Janeiro. La ciudad brasilera está divida en tres grandes facciones que tienen su nido en los centros penitenciarios.

De acuerdo con el investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Michel Misse, estas estructuras son ‘Comando Vermelho’ (con influencia en 22 favelas), ‘Tercer Comando’ (en 13) y ‘Amigos dos Amigos’ (en cinco).

Aunque se identifican con las organizaciones, cada pandilla actúa con autonomía, como en Medellín: “Se organizan así: un ‘gerente’ que es el jefe de la favela; los ‘subgerentes’, encargados de recolectar el dinero; los ‘vapores’, vendedores o consumidores; y los ‘aviones’, quienes las transportan”.

Los otros actores armados son la Fuerza Pública y las milicias conocidas como la ‘Liga de la Justicia’, enemigos de los traficantes.

Ese contraste hizo que Río de Janeiro llevara políticas de la capital paisa, como el Metrocable y la creación de las Unidades de Policía Permanente (UPP), que inició en 2009. “Se hizo para pacificar las favelas (400 policías por cada una) antes de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol”, agrega.

Los resultados se perciben en la baja de homicidios. Mientras en el 2000 había una tasa de 56,5 muertes violentas pcch, en el 2010 la cifra no superó los 24,3 pcch. De hecho, en los primeros cinco meses de 2012 se registró la caída más baja en su historia: 1.784 casos, pasando a una tasa de 10,9 homicidios pcch.

En Ciudad Juárez, por otro lado, hay un enfrentamiento entre grandes lideres del narcotráfico: el ‘cártel de Juárez’ (de Vicente Carrillo Fuentes) y el de Sinaloa (Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán) que se enfrentan a muerte desde 2007.

Cesar Alarcón, investigador asociado al Colegio de Chihuahua (México), asegura que mientras en ese año se presentaron 173 muertes violentas en 2010 la cifra llegó a los 3.042. Paradójicamente, desde 2011 hubo una reducción. Ese año se presentaron 2.100 asesinatos y en 2012 los casos no superaron los 750.

Agencias de inteligencia de los Estados Unidos creen que el fenómeno se presentó –y sigue dándose– porque el ‘Chapo’ Guzmán le va ganando la guerra a Carrillo.

Aunque Ciudad Juárez es considerada como el último eslabón de la cadena del narcotráfico de cocaína –pues de allí se distribuye a Estados Unidos– los carteles se enteraron de que solo se podrían sostener si controlaban el territorio. Por eso (entre el 2004 y 2006) hubo una proliferación de pandillas y crearon las ‘tienditas’ (expendios de droga), parecidas a las de Río y Medellín.Con esto se sufrió una reconfiguración de las redes de protección.Mientras había unos agentes policiales, conocidos como ‘la Línea’, que se encargaban de proteger los cargamentos de droga, otros se encargaban de la distribución y la vigilancia a las ‘tienditas’ ”, aseguró.

Sinaloa, por ejemplo, tiene tres ejércitos ilegales: ‘Gente Nueva’, ‘Artistas Asesinos’ y ‘Mexicles’, mientras que lo que queda del ‘cartel de Juárez’ aún conserva a ‘la Línea’ y al ‘barrio Azteca’. Al servicio de estas cinco grandes bandas existen alrededor de 460 pandillas.

‘Bogotá permite el delito, menos matar’

No hay duda de que hay avances en la capital en sus índices de homicidio. Durante 2012 se presentaron 1.283 asesinatos. Es decir que en la ciudad más grande de Colombia hubo 17 homicidios por cada cien mil habitantes (pcch).

El antropólogo Andrés Rincón, investigador asociado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, sostuvo que pese al índice, no se puede decir que no exista una fuerte influencia de la criminalidad o expresiones distintas de violencia. “A diferencia de Medellín, Río de Janeiro y Ciudad Juárez, en Bogotá no se encuentran dominaciones de territorios y no hay estructuras criminales que aglutinen el delito. Bogotá se refleja por la fragmentación de la criminalidad”, explicó.

Pese a ello, aclaró que existe una alta incidencia del crimen organizado como las bandas del comercio que se lucran de la venta de aparatos robados y del contrabando. A la par que hay bandas de ‘apartamenteros’ (20 en la ciudad) asentadas en las principales zonas residenciales.

Precisamente, los criminales de Bogotá se han especializado en tácticas de este último delito, tanto así que se entrenan allí para aplicarlo en otras ciudades del país. La otra clase de violencia que se expresa cotidianamente es la de los “grupos esporádicos”, como la de los barristas (miembros de barras bravas), los recicladores y los ‘zorreros’ (conductores de vehículos de tracción animal), que se pelean entre ellos por espacios de la ciudad para ejercer su oficio.

En Amérique latine, les nouvelles routes de la cocaïne

Fecha: 05 de noviembre de 2013

Fuente: Le Monde

Le trafic de cocaïne se porte bien. La saisie record de 1,3 tonne, le 11 septembre à Roissy, l’a rappelé. Les 31 valises remplies à ras bord de poudre blanche ont fait le voyage sur le vol Air France en provenance de Caracas. Le Venezuela s’est retrouvé sur la sellette mais la cocaïne provenait de Colombie. « Les narcotrafiquants ne reculent devant rien, résume le commissaire de police Zueras, en poste à Bogota. Aucun pays d’Amérique latine n’échappe aujourd’hui à la mafia et à son pouvoir corrupteur. 

L’actualité suffit à s’en convaincre. Vendredi 4 octobre, la police équatorienne saisit 3 tonnes de cocaïne sur son littoral, prêtes à traverser le Pacifique. Le 5, une demi-tonne est trouvée au fond d’un camion-citerne sur la côte caraïbe colombienne. Le 11, une tonne et demie est saisie dans le port de Piura au Pérou. Plus de 90 % des saisies de cocaïne se font sur le continent américain.

Selon les derniers chiffres de l’ONU, le Pérou est aujourd’hui le premier producteur de feuille de coca et de chlorhydrate de cocaïne. Il a ravi la place à la Colombie, qui ne serait plus qu’au troisième rang, derrière la Bolivie. Toujours selon les Nations unies, cette même Bolivie fournit désormais plus de la moitié de la cocaïne consommée au Brésil. Avec 900 000 usagers estimés (pour près de 200 millions d’habitants), le géant latino-américain est devenu le deuxième consommateur mondial, après les Etats-Unis. C’est dire si la géopolitique de la cocaïne est mouvante.

Fuente: Le Monde

Fuente: Le Monde

Ainsi, on croyait en plein essor la « route africaine » qui fait transiter la drogue venue des Andes par les pays d’Afrique de l’Ouest. Mais les saisies y stagnent. Le conflit au Mali aurait contraint les organisations mafieuses à changer de chemin. Fin 2012, c’est à Anvers que la police belge trouvait 8 tonnes de cocaïne à bord d’un paquebot parti du port de Guayaquil, en Equateur.

La consommation reste néanmoins stable en Europe occidentale et diminue aux Etats-Unis. Les marchés latino-américain, asiatique et africain, ainsi que celui d’Europe de l’Est sont, eux, en pleine expansion. « Depuis un quart de siècle, la géopolitique de la cocaïne tendait à opposer les pays producteurs du Sud et les riches pays du Nord, consommateurs. Dans un avenir proche, le problème pourrait bien devenir un problème Sud-Sud », prédit le Péruvien Ricardo Soberon, ancien « tsar antidrogue » dans son pays, et actuel directeur du Centre de recherche drogues et droits de l’homme à Lima.

 A quel prix évaluer une saisie de cocaïne ? Un kilo de poudre très pure vaut entre 800 et 2 000 dollars quand il sort du « laboratoire » dans les Andes, 6 000 quand il arrive à son port d’embarquement, 10 000 en Amérique centrale, 30 000 dans les rues de New York, le double à Paris. A ce stade, la poudre, largement coupée d’autres substances, n’est plus pure du tout.

« En matière d’économie illicite, tous les chiffres doivent être pris avec des pincettes », insiste le commissaire Zueras. La production, les circuits et les marchés de la drogue sont en constante mutation. Pour identifier les réseaux et les routes, les saisies et les arrestations sont les seuls éléments objectifs dont dispose la police. Elles ne donnent de la réalité qu’une image partielle.

La politique vient encore compliquer les choses. « Les Etats-Unis, qui ont apporté quelque 7 milliards de dollars d’aide militaire à la Colombie dans le cadre de la lutte contre la drogue, veulent convaincre que la politique d’éradication dans ce pays a été un succès », affirme M. Soberon. Le Venezuela et la Bolivie qui, au nom de la souveraineté nationale, ont envoyé balader la Drug Enforcement Administration (DEA), se retrouvent, eux, sur la liste noire de Washington. « Pourtant leur stratégie de lutte contre la drogue, axée sur la répression, n’a pas changé et leurs résultats restent tout à fait comparables à ceux des pays voisins », souligne le Péruvien.

Le Venezuela se targue de ne pas cultiver de coca, qui ne ferait que transiter dans le pays. Mais l’opposition n’est plus la seule à s’inquiéter des complicités dont bénéficient les narcotrafiquants au sein de l’armée et de la garde nationale. « On dirait que la mafia a pris le contrôle de la république bolivarienne du Venezuela », écrit un internaute exaspéré sur le très « chaviste » site Web Aporrea. L’expression « cartel des soleils » (en allusion à l’insigne que portent les gradés sur leur uniforme de gala) date de 1993. Le problème n’est donc pas nouveau.

Il n’est pas pire qu’ailleurs, selon Marcos Alvar, qui dirige depuis deux ans un gros projet de coopération policière entre l’Union européenne et Ameripol, un organisme créé en 2007 qui a vocation à devenir l’équivalent local d’Europol. « Nous avons établi avec les autorités vénézuéliennes une coopération absolument remarquable, assure-t-il. Elle nous a permis de démanteler en août un gros réseau de transporteurs et de mettre sous les verrous l’Anglais Brian Colin Charrington, un des dix narcotrafiquants les plus recherchés en Europe. » Brian Colin Charrington avait l’habitude de raconter ses exploits mafieux sur Internet.

La police colombienne se félicite elle aussi des résultats de la coopération avec le Venezuela. En juillet, Caracas livrait à Bogota Diego Perez, alias Diego Rastrojo, arrêté le 3 juin dans le département du Barinas. A la tête de la bande criminelle des Rastrojos, l’homme était l’un des narcotrafiquants les plus recherchés. « En matière de corruption, la Colombie n’a guère de leçons à donner », ironise un haut fonctionnaire de la direction antinarcotique colombienne. Extradé aux Etats-Unis, le général Mauricio Santoyo, ex-chef de sécurité du président Alvaro Uribe (2002-2010), y purge une peine de treize ans de prison pour complicité avec les groupes narcoterroristes.

Pourtant, selon les derniers chiffres publiés par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), il y avait au 31 décembre 2012 en Colombie 48 000 hectares de champs de coca, soit 25 % de moins qu’un an plus tôt. « C’est une réduction spectaculaire, résume Bo Mathiasen, représentant en Colombie de l’ONUDC. Mais le résultat reste fragile. » Il rappelle qu’au cours de cette même année 2012, 130 000 hectares de coca ont été éliminés : 100 000 par aspersion aérienne d’herbicide (la Colombie est le seul pays qui autorise cette technique et l’usage du glyphosate, produit par l’entreprise Monsanto) et 30 000 par arrachage manuel.

Certes, la superficie de culture de coca a diminué de moitié en dix ans, passant de 100 000 à 48 000 hectares. Mais, dans le même temps, 1,3 million d’hectares d’autres cultures ont été empoisonnés au glyphosate. On comprend que les écologistes s’inquiètent. Et que la question de l’efficacité de la politique antidrogue se pose.

D’autant que le Pérou et la Bolivie ont, eux, augmenté leur production. Les spécialistes parlent d’« effet ballon » : si la pression s’intensifie d’un côté, le ballon enfle de l’autre. « C’est dire que le grand succès du plan Colombie est d’avoirrepoussé les cultures de coca vers le Pérou et la Bolivie », résume M. Soberon.

D’après lui, « le nombre d’hectares plantés de coca est désormais un indicateur insuffisant de la production de chlorhydrate de cocaïne. Et le nombre d’hectares éradiqués, un indicateur insuffisant de l’efficacité de la lutte antidrogue ». Les rendements ont augmenté et, dans certaines régions, les « cocaculteurs » font jusqu’à six récoltes par an. La productivité aussi progresse : les procédés de raffinage permettent de tirer plus de cocaïne de chaque feuille de coca. Mais les paysans restent, eux, toujours aussi pauvres. « Faute d’une vraie politique de développement rural et d’une diminution de la consommation, la substitution des cultures reste un objectif difficile à atteindre », rappelle M. Mathiasen.

Les narcos sont créatifs. Le 30 août, la police colombienne saisissait une tonne de cocaïne, emballée dans 11 500 citrons verts soigneusement évidés et reconstitués. Du travail d’artiste. Quinze jours plus tard, une jeune Canadienne de 28 ans enceinte était arrêtée à l’aéroport El Dorado de Bogota. La police trouvait deux kilos de cocaïne dans son faux gros ventre en latex. En décembre, c’est dans les implants mammaires d’une femme que la police dénichait de la cocaïne. Au total, 238 « mules » ont été arrêtées depuis le début de l’année en Colombie, dont 98 étrangers.

Mais les mules ne sont que les gagne-petit de ce phénoménal trafic. « Le gros défi aujourd’hui sont les conteneurs maritimes qui permettent aux narcotrafiquants d’envoyer de la drogue partout dans le monde, rapidement et à moindre risque », dit un récent rapport d’Ameripol, intitulé « Analyse situationnelle du narcotrafic, une approche policière ». La globalisation sert les intérêts de tous les trafics. Et complique la tâche de la police.

D’autant plus que, depuis la disparition des grands cartels colombiens – celui de Medellin et celui de Cali, éliminés dans les années 1990 –, le narcotrafic est de plus en plus fragmenté. La mafia a segmenté ses activités. « Elle n’en est que plus difficile à infiltrer », explique Marcos Alvar, directeur d’Ameripol. Si les organisations mexicaines ont largement pris le contrôle de l’intermédiation entre les producteurs andins et les Etats-Unis, le marché européen reste, lui, plus compétitif. Les Colombiens continuent de dominer les grands réseaux internationaux.

« Le trafic de drogue obéit à la loi physique qui veut que rien ne se crée et rien ne meurt, tout se transforme », insiste M. Alvar. « Les narcos sont de remarquables chefs d’entreprises, ironise un de ses collègues colombiens. Leur talent pour l’innovation et l’anticipation n’a pas d’égal, ils devraient être invités dans toutes les écoles de commerce du monde. » Plus sérieusement, le rapport d’Ameripol appelle de ses voeux une coopération renforcée entre les Etats. « A problème global, réponse globale », tous les policiers l’approuvent. Les responsables politiques commencent doucement à reconnaître que la lutte contre le trafic de drogue, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, est un échec. Mais ni les uns ni les autres n’ont encore d’alternative.